La corrupción en la administración pública es un cáncer que lesiona el cuerpo social del país. Los últimos acontecimientos obligan a pensar seriamente en el país que queremos. Ese debate es un desafío ineludible para el Consejo Económico y Social (CES).

En la agenda del organismo, establecido en la Constitución de 2010, figura para inicios del año la discusión del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA). Como parte del sector social -una de las patas de la mesa del CES-, sugiero que, en el punto relativo al país que queremos, figure el tema de la corrupción. No solo la que se produce en la administración del Estado -donde el daño es mayor porque se manejan los recursos de todos-, sino también la complicidad del sector privado, sin la cual la corrupción pública no prospera.

A veces pienso que la corrupción del Estado se renueva cada cuatro años, pero la del otro sector es perenne. Recuerdo el discurso de Pelegrín Castillo cuando era diputado: “Tenemos una clase rentista”. Resume un patrón: vivir de la renta pública, mientras se reclama “eficiencia” para los pobres y “flexibilidad” para los poderosos.

Para motorizar el crecimiento, la administración pública ha otorgado subsidios, concesiones, exenciones y otras “ayudas”. Muchas han sido necesarias, pero deben tener fecha de caducidad, evaluación de impacto y reglas de salida. Si no, el incentivo se convierte en privilegio y el privilegio se convierte en corrupción.

El CES, integrado por los sectores gubernamental, empresarial, laboral y social, debe tratar este tema más allá de lo que dictan las leyes existentes, que al parecer son obsoletas o carecen de voluntad real de aplicación. Hablamos de compras y contrataciones, fiscalización oportuna, sanciones efectivas y una cultura institucional que no negocie la ética por resultados de corto plazo.

Ese debate exige mirar figuras como la delación premiada. Si quien defrauda al Estado con miles de millones devuelve una parte y no enfrenta consecuencias proporcionales, el mensaje es perverso: delinquir sale rentable. Esa es una mala práctica y una escuela para nuevos defraudadores.

En la presente administración se han impulsado las alianzas público-privadas, amparadas en la Ley 47-20. No se observan beneficios claros y sigue pendiente un análisis de riesgos transparente, incluyendo quién asume las pérdidas cuando ocurren. Traigo el tema porque el CES debería revisar normas y prácticas que comprometen recursos vitales, como el agua, y fijar salvaguardas que protejan el interés público por encima de los contratos.

El país que queremos requiere transparencia y recuperar la confianza en las instituciones. Se necesita un sistema que estudie riesgos financieros, legales y de percepción pública en cada acción donde confluyan actores públicos y privados, para que los gobiernos no carguen con riesgos más allá de lo previsto. De lo contrario, se abre la puerta a demandas por incumplimiento, como ocurrió con la carretera de El Coral.

También se requiere pedagogía social: enseñar que el soborno no es “viveza” y que la impunidad mata la democracia.

El CES está llamado a formular propuestas para romper con la corrupción que se ha institucionalizado, propuestas que cierren la posibilidad de repetir acciones dolosas, vergonzosas y humillantes, que impiden erguir la frente de los buenos dominicanos. Cuando las acciones son buenas, todos ganamos y perdemos cuando nos identifican por lo malo.