El mayor embalse de la zona del Caribe, que debería estar preservado como gran reserva hídrica para múltiples usos esenciales en el presente y el futuro del centro del territorio nacional, está convertido en el destino de residuos químicos de alta toxicidad provenientes de usos agrícolas por estar situado en una de las zonas de mayor actividad minera del país. Queda dicho que por allí está rota la convivencia entre actividades productivas a través de usos agrícolas y de extracciones metalúrgicas por ausencia de sistemas de drenaje y de disposición final de desechos líquidos que deberían ser tratados para anular sus venenosas características antes de ser regresados al ambiente.

En marcha con máxima expresión hacia la represa de Hatillo ubicada en la geografía de las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, una amenaza de bancarrota hídrica similar a la que se extiende hacia muchos sistemas de agua dulce del mundo sometidos en la era moderna -con el agravante del cambio climático- a explotaciones y contaminaciones que los acercan a una cuenta regresiva con punto de no retorno.

Un cuerpo acuático que analizado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana se mostró repleto de cianobacterias, algas verdeazules y putrefacciones que liberan toxinas peligrosas para seres humanos, animales y vegetaciones constituyéndose en una severa contaminación que a través del río Yuna llega hasta la bahía de Samaná y a sus manglares ribereños integrados a un ecosistema que pone en riesgo las comunidades de la región y a la industria turística.

El antes majestuoso lago de Hatillo está puesto en jaque a pesar de pertenecer al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Parque Nacional Aniana Vargas porque no se aplican las regulaciones que manda la ley para protección de sus valiosos recursos; una biodiversidad de aguas y suelos esenciales para el equilibrio ecológico, la preservación de la vida humana y las explotaciones racionales de fines económicos. Una intervención inmediata y directa del Estado debe evitar consecuencias mayores para más de 600 mil tareas de arrozales en la región del Bajo Yuna.