Al detener el proyecto minero en Romero, provincia San Juan, el presidente Luis Abinader actuó con la prudencia y legitimidad que corresponde como bien explicó al anunciar su decisión basada en la ley 64-00 de Medio Ambiente. El vox populi vox dei de muchos hombres y mujeres del Granero del Sur tiene de su lado a la indicada legislación que declara inviable cualquier explotación cuando se percibe un rechazo social mayoritario que parece deberse, en lo fundamental, a un temor basado en antecedentes de extracciones a la antigua que tanto en el país como en otras partes mundo causaron impactos irreversibles en la naturaleza. Que en muchos casos resultaron de expoliación a naciones con la única herencia de tierras arrasadas. Lo amigable no existía para entonces y como se trata de innovaciones que el país no ha conocido, modificar creencias de profundas raíces es algo que tomaría tiempo.

Ese es el lado de la moneda que conocen las multitudes sanjuaneras a falta, real y efectivamente, de que se demuestre al menos de forma teórica, que sería la única posible este momento, que existen técnicas de separar el áureo metal de los pedruscos y entrañas de la tierra sin cavar desastrosamente la superficie ni arruinar el subsuelo que allí es rico en agua pura y cristalina de la que ni la agricultura ni el consumo doméstico de la zona pueden prescindir.

Sin embargo, procede tomar en cuenta el reverso de esa visión negativa, aunque solo fuese a título de información, ya que el oro está siendo puesto a flote en distintos lugares del mundo con tecnologías limpias (Chile, México , Colombia, Reino Unido) sin uso de cianuro, sin presas de cola, con reciclaje del agua utilizada y ninguna agresión severamente tóxica a las hectáreas que circundan explotaciones.

Sin que necesariamente tenga que ser aceptado por las masas como la última palabra ni venza su oposición. Solo para que conste en la historia: un estudio de rigor científico debe decir si explotar a Romero sería factible sin los daños colaterales que ahora se temen.