Amarrarse los cinturones en este momento de infaustos bombardeos sobre la yugular del transporte internacional de petróleo llama a ponerle un réquiem o a moderarlo al respaldo al consumo energético que el Estado dominicano prodiga y que por exagerado cabe clasificarlo como innecesariamente paternalista. Y no es que librar de costos fiscales algunos usos energéticos no se justifique para permanencia de sus beneficios a la sociedad. Las características de asistencialismo desproporcionado lo hacen objetable porque la privación de ingresos al Tesoro Nacional por la magnanimidad oficial va a representar en el 2026 según proyecciones calificadas RD$393,541.5 millones que equivalen al 4.54% del Producto Interno Bruto, PBI, superior al que llegará a los ámbitos educativos aunque habrá cierto incremento para alcanzar su cota fija en el año que discurre.

Por demás, en el 2025 el porcentaje de pérdidas técnicas y las que resultan mayormente de incapacidades de cobrar la electricidad (índice más alto de América Latina excepto Haití) alcanzó entre el 42% y 45% de la generación total lo que confiere un perfil fallido a esa gestión administrativa del Estado. Una incapacidad de hacer las cosas bien –al menos en ese renglón- de la que debe salirse o la guerra del Oriente Medio va a incluir a un derrotado financieramente situado a considerable distancia del lugar de la deflagración: República Dominicana.

Además el Estado dominicano alivia los bolsillos de los consumidores de altos ingresos a través de la indiscriminada concesión de subsidios al gasto en gasolina que en su categoría más cara cubre una demanda derrochadora para mover vehículos de lujo que no necesitan ser muchos para restar equidad al tratamiento impositivo en perjuicio de otras prioridades mayores del Estado. Procede hacer notar que el sistema fiscal dominicano, que se caracteriza por deficitario al dejarse vencer por evasores, también peca de generoso con las empresas extranjeras de producción del fluido eléctrico a las que paga con ejemplar exactitud y rentabilidad para ellas y las libera de sustanciales costos operativos con incentivos impositivos totales. Las políticas socialmente dadivosas deben tener el límites de no sostenerlas con una alta proporción de endeudamiento y déficits fiscales.