Fueron 236 familias y la sociedad a la que pertenecían las que al siguiente amanecer de un día similar a este hace un año recibieron las primeras informaciones del impacto segador de las vidas de seres queridos situados festivamente hasta minutos antes de su hora fatal bajo el techo inseguro de una discoteca advertida tempranamente como un auténtico peligro público. La mayoría de los allí presentes no percibía o no había sido informado con anticipación de riesgo alguno por quienes han pasado a ser señalados ante la justicia por deudos en calidad de querellantes como responsables por negligencia de lo ocurrido: un homicidio masivo e involuntario.

Además de las 236 víctimas mortales, al menos 185 de los asistentes resultaron heridos emergiendo de los escombros algunos de ellos con secuelas perdurables o permanentes en sus cuerpos, aparte del trauma emocional y la conmoción que se extendió con manifestaciones de pesar sobre la nación para transformarse luego en profunda indignación colectiva y presión social para que los tribunales actuaran con resultados que guarden proporción con lo ocurrido. Algo solo enmendable jurídicamente con indemnizaciones soberanamente decididas en juicios orales, públicos y contradictorios en los que prime lógicamente, el sentido de justicia, no de venganza por tratarse de daños o pérdidas definitivas e irreparables de vidas humanas.

Si lo que el Sistema judicial haría es establecer niveles de responsabilidad por omisión o inobservancia de normas de obligatorio cumplimiento al regentar y/o auspiciar actividades para el libre acceso de público lo equitativo sería incluir en alguna judialización posterior al desastre a quienes competía aplicar vigilancia, y no lo hicieron, puntual poder sancionador para garantizar que seres humanos no habitaran o permanecieran bajo estructuras de comprobable vulnerabilidad como fue en este caso en que desde lo alto descendió como espada de Damocles una mole asesina contra personas allí situadas.

Están ahí los indicios de una corresponsabilidad de entes públicos que debieron detectar preventivamente ostensibles riesgos para la salud y la vida de desprevenidos concurrentes a un local en condición de vulnerabilidad y en alto riesgo de derrumbarse.