El éxito de República Dominicana como destino acogedor para vacacionistas, que coincide con la caída o casi desaparición de sus competencias en la cuenca del Caribe, funciona colateralmente como incentivo que hace crecer con perfiles críticos y sin planificación ni estudios de prefactibilidad, la disponibilidad hotelera en Verón y Punta Cana. Así podría estar comenzando, con gradualidad y todo, una declinación de la hospitalidad que de no ser detenida a tiempo pondría en juego el futuro de la llamada industria sin chimeneas, importante motor de la economía.

El terreno fértil por ausencias de normativas o por la inercia de organismos competentes que deben impedir la desnaturalización de espacios de fines turísticos, es utilizado desde hace algún tiempo para superar la capacidad de las infraestructuras y aumentar las ofertas desproporcionadamente. Una impresionante muestra de lo que ya ocurre cuando alguna codiciada plaza de atracción como Las Terrenas recibe una presencia masiva y sin control de visitantes se produjo durante la pasada Semana Santa dando lugar a situaciones de desorden urbano y conflictos con autoridades en lugares públicos. Bochorno para las muchas personas que se acercaron ordenadamente a ese paraíso en busca de esparcimiento alejándose del bullicio y congestionamientos que allí encontraron multiplicados.

Un desconcertante atraso en aplicar el ordenamiento territorial, que desde el 2023 es imprescindible para fijar límites a los usos de suelos contra densidades arrabalizadoras en zonas de fines turísticos aun dándose oficialmente por cierto que esas reglas están debidamente elaboradas y solo faltaría la bendición de las autoridades del sector al más alto nivel.

Enfocándose en la provincia La Altagracia como un todo –y no exclusivamente en el litoral más oriental- el editorial del 28 de abril del periódico HOY alertó sobre otra siembra caótica de ofertas para huéspedes que es causada por un tráfico inmobiliario fraudulento atribuible plenamente a una vulnerabilidad jurídica en zonas de alta demandada de terrenos que convertía en víctimas, principalmente, a extranjeros interesados en dotarse en el país de segundas residencias. Por esos lares, al vacío normativo está sumada la publicidad engañosa.