De castaño a oscuro pasa el panorama para la República Dominicana con el Estado sumido en un déficit fiscal que en cierto modo va hacia lo inmanejable; que para todo el 2026 representaría el 3.2% del Producto Bruto Interno, PBI, y ya en el primer cuatrimestre supuso sobre los RD$63 mil millones menos de ingresos al Tesoro Nacional, cifra muy inferior a la que Gobierno requeriría para cubrir su inmensidad de gastos y sus pocas y contraídas inversiones. La guerra en Irán causa pues una reacción oficial en la dirección correcta.

No podía sorprender que ante la magnitud de su desencaje que desde mucho antes viene siendo cubierto con endeudamientos públicos que en dos años pasaron de US$57,587.2 millones a US$64,828.9 millones, antenoche apareciera un amarre de cinturón de 40,000 millones de pesos de recortes que al canje de hoy solo alcanzarían para adquirir 672 mil dólares. Una lomita ante el pico Everest de las cuentas por pagar que equivalen al 49.3% del PBI. Pero quizás suficiente como golpe de timón que trace rumbo hacia firmes y duraderas estrategias de austeridad; más que necesarias por los antecedentes de desmesura en la creación de cargas fijas que han azotado a los contribuyentes.

En esta misma semana, cuando aparentemente no había surgido la voluntad de imprimirle pequeñez al gasto presupuestal, se hizo público que la burocracia había crecido hasta hace poco en 46,538 empleados y en fecha más cercana se informó con estridencia el reclutamiento de 900 nuevos integrantes a nóminas de salubridad con lo que se reafirmaba la tendencia a mantener a la República Dominicana en una tasa de generación de puestos oficiales superior al promedio de América Latina.

Datos suficientes para reclamar que, efectivamente, ante la fuerza de los hechos y un contexto internacional que augura devastadoras alzas de energía que generarían reacciones en cadena sobre más costos, se reconozca que la alternativa es de constreñimientos, disciplina y sentido de ahorro; siendo los partidos políticos los que más dócilmente deben someterse a una menor disponibilidad de subsidios fuera de periodos electorales.