Los retos que pone a la vista el sector industrial

A favor del país se destaca en este momento la importancia que por razones de costo ha cobrado su cercanía a grandes mercados de consumo –EUA entre ellos- prefiriéndose cada vez más avanzar hacia prometedoras alianzas regionales de comercio que desde ya obligan a poner la casa en orden industrialmente hablando. De que faltan cosa por hacer, no cabe duda.

Así lo confirman, mirándose al espejo, entes de producción local de bienes terminados y más valor agregado que los primarios que van a las exportaciones y a los suministros internos, declarándose convencidos de que para acrecentar niveles de calidad imprescindibles para mayor aceptación dentro y fuera del país se requiere que los medios de producción se desenvuelvan en un entorno de regulaciones claras y efectivas lo que no ocurre contundentemente por el solo hecho de que alrededor del 50% de la economía pertenece al ámbito de la informalidad.

Por lo que se conoce no existe, en satisfactorio nivel un control institucional que impida que se oferten en el mercado nacional y hasta en el exterior, artículos de factura local que violan las normas de etiquetado que exigen precisión de origen y composición con las correspondientes informaciones en español o en el idioma de los otros destinos.

No se considera que el consumidor de cualquier latitud está debidamente protegido si de las fábricas locales salen producciones carentes de registros sanitario en violación a regulaciones trazadas mediante ley lo que preocupa considerablemente a esos entes que, para llenar vacíos de supervisión, depositan confianza y mantienen nexos de cooperación con organismos estatales de vigilancia sobre medicamentos, alimentos y otros bienes de usos generalizados.

El sector industrial se inscriben en los reclamos de que el Estado aborde reformas largamente demoradas para los ámbitos de la Seguridad Social, las relaciones obrero-patronales y el de la intermediación comercial en el que perciben una alta incidencia de competidores desleales que erosionan la estabilidad de negocios sujetos a comportamientos éticos al tiempo de denunciar como amenaza al crecimiento de la economía las debilidades estructurales que hacen crecer la informalidad.