A pesar de que con la llegada de nuevas autoridades en el 2020 a la Dirección General de Contrataciones Públicas su notable inoperancia comenzó a parecer cosa del pasado con recurrentes detecciones de incumplimientos de regulaciones para buen manejo de recursos estatales, la ley que finiquita para ser sustituida por la contundente número 47-26 pone fin a la que la hasta ahora sustentaba escrutinios sin auténtica competencia sancionadora. Apenas restricciones administrativas de simples impugnaciones y aun así fue combatida por jerarcas de la burocracia mal acostumbrada a las flexibilidades vulnerables por, supuestamente, retrasar ejecutorias.

Se proclama que con la novedad legislativa el organismo, que ya mostró garras para defender el patrimonio público con minuciosidad, podría mejorar la competencia del sector público, endurecer los controles y promover una cultura de prevenciones que ha hecho notable falta en áreas estatales y descentralizadas y para muestra es evidente lo ocurrido durante cerca de cuatro años en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la ARS estatal que hoy es centro del más escandaloso expediente de peculado que costó al erario más de RD15,000 millones cuando falta todavía la configuración en segunda fase de investigación de un cumulo adicional de daños a la nación y de incriminaciones de carácter penal.

El poder fiscalizador y punitivo del Gobierno brilló por su ausencia antes y después de la última gestión del ente asegurador auscultada y aunque no fuera competencia de la DGCP auditar y escudriñar a SENASA (con sus limitadas capacidades de antes) nada hicieron preventivamente otros brazos de supuestos ojos avizores del oficialismo con facultades para revisar contabilidades, procedimientos, gastos e ingresos donde hubiese recursos de contribuyentes.

Dónde estuvieron todo ese tiempo Cámara de Cuentas, Contraloría General de la Republica, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y Dirección General de Contabilidad Gubernamental? Está última, la menos notable de las entidades, tiene como tareas principales, garantizar la transparencia y la fidelidad de los estados financieros de cada ente que corra por cuenta del fisco. De seguro que para nada husmeó a SENASA... además de que se ignoraron desde arriba las dramáticas huellas detectadas tempranamente por la SISALRIL en el lugar de los hechos.