Avanza para hacer de las suyas en el 2026 la erosión que la inflación causa al poder adquisitivo de millones de dominicanos condenados a remuneraciones mensuales atrapadas en sus mismos niveles; constituidos en el segmento poblacional mayoritario perjudicado por la desactivación de los mandatos del sistema jurídico llamados a protegerlos con liberación de impuestos.

En realidad una "ilegalidad al portador" a la que han recurrido los gobiernos de los últimos decenios que cada año se acogen a un presupuesto que despoja de una medida justiciera al universo laboral pues toda ley nueva desplaza a la anterior que la contradiga. Versatilidad esgrimida contra los débiles de la economía.

Es el precio que se les hace pagar mediante excesiva protección a empleadores y a algunos bloques de razones sociales que sí están amparados en irreductibles exenciones fiscales; generosidades que unidas a evasiones formales, tienen al Estado en la pobreza recaudadora. De hecho, este país puede ser ofrecido a inversionistas extranjeros como atractivo por un costo bajo de la mano de obra para manufacturas no avanzadas y el turismo. Trabajadores que por incrementar la productividad de esas empresas sometidos a menos paga, deberían ser beneficiados con la liberación de carga fiscal.

Ese golpe bajo de sacar de vigencia con indefectible periodicidad el escudo protector llamado indexación impide a los asalariados defenderse de los encarecimientos agravados por las insuficiencias salariales consideradas un factor favorable a sectores como hotelería, zonas francas y construcciones, actividades realmente motorizadas por la baratura del recurso humano que como empleadores tienen a su disposición. Otra razón poderosa para no empeorarles los efectos inflacionarios a los asalariados negándoles la indexación.

Desde el punto de vista del derecho de los trabajadores, la liberación periódica de impuestos a remuneraciones, que no deben quedar detrás de los precios en alza, no puede ser vista como un acto de gracia del Estado sino como la sujeción a mandatos jurídicos dirigidos a la dignidad y al trato justo a los asalariados. La indexación es esencial contra la pérdida de valor del dinero.