El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuya etapa actual inició el pasado mes de febrero, mantiene a la República Dominicana en un estado de alerta constante desde inicios de este 2026, y a sus gobernantes y tomadores de decisión en una interminable búsqueda de soluciones para enfrentar la situación. Eso no puede negarse, pues “manda uebos” que la sociedad dominicana enfrente las adversidades que le genera el conflicto.

Se sabe que el país depende en gran medida de sus importaciones y los mercados internacionales, por lo que es imperativo tratar de minimizar las consecuencias de este conflicto en el Medio Oriente.

Lo cierto es que los pobres, los dominicanos de a pie, son los que menos tienen que ver en este conflicto, pero son los que más están pagando las consecuencias, porque han visto cómo le suben la comida, le suben la gasolina, le suben los pasajes, le suben hasta los condones, mientras los tomadores de decisión se reúnen en oficinas con aires acondicionados a tomar café y estar de acuerdo en que la situación está difícil y hay que hacer algo, pero sin llegar a un acuerdo en hacer algo.

Recuerdo haber escuchado a alguien decir -tiempo atrás- que el empleado de una empresa que quería parecer ocupado solo tenía que caminar rápido con papeles en la mano y con cara de preocupado; eso es lo que parece estar haciendo el Gobierno ante la crisis, que, aunque no ha hecho ruido en la sociedad dominicana, sí ha hecho efecto.

No obstante, a pesar de que al parecer aún —en palabras de un famoso artista urbano dominicano— “esto no se sabe dónde vaya a parar”, las autoridades siguen esperando a que el conflicto termine por resolverse solo mientras ellos se la pasan entre reuniones sin que nadie presente un plan de acción real, trazable, medible, confiable, ni la oposición, ni el oficialismo, ni la religión, ni la sociedad civil, pero asegurando que quieren hacer lo mejor para los pobres.

Para ser justos, hay que establecer claramente que al menos dos medidas concretas se han conocido: 1) el congelamiento del precio de los combustibles; 2) la paralización del aumento de productos básicos. No obstante, si acostumbra usted, al igual que yo, a dar seguimiento a las noticias, podrá darse cuenta de que el Gobierno estableció el subsidio permanente de los combustibles desde principios de 2022, cuando anunció que lo haría siempre que el barril del petróleo de Texas (la referencia para el país) se mantuviera entre los 85 y 115 dólares por barril, y respecto al congelamiento de precios, despierta suspicacia que se anunciara que se dejaría sin efecto un nuevo impuesto para los comerciantes el mismo día que estos anunciaron que no subirían los precios de sus productos.

Y es que la táctica del Gobierno —al menos la que se ha visto públicamente— ha consistido en que sus representantes “de alto nivel” vayan a tomar café a las oficinas de los líderes políticos de oposición y religiosos y se espera que los de la sociedad civil se unan a estos encuentros esta semana; sin embargo, de estas reuniones no ha salido nada más concreto que una crítica al Gobierno por no presentar un plan real para enfrentar la crisis.

A tres meses del conflicto, no es tiempo para pensar en lo que se debe hacer, mucho menos para esperar a ver qué puede pasar en aguas extranjeras, menos si como país solo podemos ser vistos como daño colateral desde la perspectiva del conflicto. Hay que tomar decisiones, hay que afectar intereses y, si hay que sacrificarse, entonces tenemos que sacrificarnos todos.

Y en caso de que haya una estrategia, de que ciertamente hay un plan de acción, es menester del Gobierno darlo a conocer y acallar las voces de sus críticos mostrando lo que se tiene en carpeta, dando cifras reales, números concretos y pasos establecidos con un plazo fatal para enfrentar la crisis. Esa es una tarea pendiente que tiene la Dirección de Comunicaciones del Gobierno dominicano.