Hace poco se presentó en España un estudio sobre prevalencia de la violencia en la infancia y la adolescencia que fue recogido por El País. Sus cifras son demoledoras: el 48,1% de las personas jóvenes encuestadas declara haber sufrido violencia psicológica, el 40,5% violencia física, y cerca de tres de cada diez (28,9%) violencia sexual durante esas etapas.

No se trata de un fenómeno marginal, sino de un escenario estructural donde distintas formas de violencia atraviesan la vida temprana con una frecuencia que debería preocuparnos y ocuparnos.

¿Cómo es posible que una generación cargue con estas experiencias?

No se trata de que la violencia contra niños y niñas se apruebe públicamente. Nadie la defiende en voz alta, pero a la normalización le basta con la complicidad del silencio. Con la repetición. Le basta con esa extraña capacidad humana de acostumbrarse incluso al horror cuando el horror se vuelve cotidiano.

La violencia no se instala como un acontecimiento aislado. No es un accidente, sino un síntoma. Un síntoma de estructuras que siguen operando bajo nombres respetables: autoridad, familia, tradición, discreción. Ocurre en los espacios donde se supone que habita la confianza. Por eso es tan devastadora: no solo hiere el cuerpo, también rompe la gramática básica de lo seguro.

No es casualidad. La violencia es, antes que nada, una forma extrema de poder. No se ejerce solo por deseo, sino por dominio. Por la certeza de que el otro, en este caso el más indefenso, no podrá nombrar, resistir, denunciar. La infancia es vulnerable porque ocupa el lugar más expuesto en la jerarquía social.

Durante siglos, la violencia ha convivido con la vida doméstica como una sombra tolerada. Se ha callado para “no destruir la familia”, como si la violencia no la destruyera primero. Se ha minimizado para “no exagerar”, como si el trauma no fuera una fractura real. Se ha relativizado con frases como: “son cosas que pasan”, “nadie se dio cuenta”, “era un buen hombre”.

La normalización no ocurre solo en la cultura. También es institucional. Incluso cuando se denuncia, el sistema llega tarde, llega mal, llega con frialdad. La justicia se vuelve un laberinto. La infancia, un expediente. El daño, una prueba que debe ser demostrada con una precisión que raya en lo imposible. Se le pide al niño o a la niña coherencia adulta para narrar lo innombrable.

Es profundamente perverso exigir que la víctima eduque al mundo sobre su propio dolor para que el mundo decida si le cree.

Se condena la violencia con lenguaje firme, pero convivimos con ella con tibia indiferencia. Hay una distancia enorme entre el discurso público y la transformación real. Decimos “tolerancia cero”, pero seguimos sin educación integral; “protección”, pero seguimos sin sistemas accesibles de acompañamiento; “infancia”, pero seguimos sin escucharla.

Mientras tanto, el escenario se expande. Lo digital ha abierto nuevas formas de vulneración que no requieren proximidad física. El abuso ya no necesita puertas cerradas: puede entrar por una pantalla. Puede disfrazarse de juego, de amistad, de conversación. Puede operar más rápido que cualquier institución.

Arrastramos estructuras antiguas dentro de tecnologías nuevas. El poder se adapta. La violencia muta. La infancia sigue siendo el punto más expuesto.

Una sociedad se define por lo que no está dispuesta a negociar. Y la infancia debería ser esa frontera moral absoluta. Es justicia elemental. Donde se vulnera a quienes aún están aprendiendo sobre el mundo, se vulnera la idea misma de humanidad compartida.

No entiendo cómo seguimos viviendo como si esto no estuviera pasando. Como si no atravesara las casas, las escuelas, sus cuerpos pequeños. Como si la infancia no estuviera siendo herida una y otra vez.

Cuando lo intolerable se repite, el peligro ya no es solo la violencia. El peligro es que se vuelva costumbre. Que aprendamos a respirar dentro del horror.

Ninguna civilización debería sobrevivir si se acostumbra a la destrucción de sus niños y sus niñas.