El poder judicial tiene escasos aedas. Existen testimonios dispersos, acopio de doctrina, artículos de antiguos jueces, pero la revelación del tejemaneje procesal no es frecuente.

La omisión de vivencias o el desapego obedece al pudor y también al interés, más que entendible, de proteger con el silencio acciones difíciles de justificar y evitar la exposición, con conocimiento de causa, del tinglado que atenta contra la fortaleza del sistema.

La discreción garantizaba -pretérito imperfecto- permanencia en la función, permitía la creación de mitos acerca del desempeño y seguridad personal en época de autoritarismo. La sobriedad, vida casi monástica sin alardes sociales, la dedicación a la academia cincelaba la prestancia de una estirpe desaparecida.

Los maestros de la judicatura aconsejaban a los bisoños cuando iniciaban el trabajo, antes de la existencia de la carrera judicial, mirar y callar. El asunto de la condescendencia era omitido, aunque se intuía la existencia de los meandros peligrosos de la conveniencia.

Algunos desatendían recomendaciones, acataban órdenes políticas y actuaban apegados a los mandatos de las élites renuentes al banquillo de los acusados y a la grisura de los pasillos judiciales.

Las reuniones privadas, los siniestros arreglos siempre sustituyen sentencias y avalan la debilidad de un poder demeritado.

Los penalistas de antaño fingían respetar la investidura y lograban óptimos resultados, sabían que sus discursos forenses podían ser rebatidos y entendidos por hombres y mujeres que honraban el oficio no solo en la capital de la república sino en todas las jurisdicciones.

El relevo generacional dejó trunco el gracejo y la erudición. La brillantez de aquellos jueces y fiscales que pasearon su talento por el territorio nacional y ocuparon sitiales superiores después de trabajar en municipios depauperados controlados por el ojo avizor del trujillato pendiente de autos y sentencias, no pudo ser superada.

Excepciones hubo y habrá, pero el vilipendio cotidiano y la extorsión colocan a los servidores del poder judicial en una situación difícil cuasi humillante. Intuyen el irrespeto y la devaluación social frente a los grupos que designaron peones en todas las instancias y saben cómo exigir.

Volver a citar al maestro Alejandro Nieto- 1930-2023- esa imprescindible fuente de sabiduría jurídica procede: “la administración de justicia ha estado tradicionalmente patrimonializada por dos grupos concurrentes: el político y el corporativo”.

Y repetir con el irreverente jurista y académico que “la justicia se ha convertido en una carta más de la baraja política que se maneja en jugadas vergonzosas a la vista de toda la nación”.

A pesar de los indiscutibles avances, de la innegable trascendencia de la Carrera Judicial y del Ministerio Público resulta paradójico el temor y la atadura a los patrocinios vicarios que prometen ascensos y permanencia.

Notarios más que jueces parecen algunos. Validan designios coyunturales lejos de la diosa Themis que ha perdido importancia simbólica desde que, a los despachos y a las viviendas de los magistrados, antes recintos inexpugnables, entran y salen impertinentes personajes para llevar recados e imponer decisiones. Alguien contará esa historia.

La exigencia pública de condenas, los juicios mediáticos con sus sanciones inapelables develan la fragilidad de un poder acorralado, conminado a complacer peticiones.