Por Alfonso Ureña

Lo ocurrido en el Gran Santo Domingo la madrugada del pasado 8 de abril no puede analizarse únicamente como un evento meteorológico extraordinario. Fue, una vez más, la manifestación de una vulnerabilidad acumulada que combina factores climáticos, urbanos e institucionales.

Las lluvias intensas, que en pocas horas provocaron el colapso de vías, inundaciones urbanas y pérdidas humanas, volvieron a exponer una realidad conocida: la ciudad no está preparada para gestionar eventos hidrometeorológicos extremos. Lo preocupante no es solo la magnitud de las precipitaciones, sino la incapacidad del sistema para anticipar, comunicar y responder de manera efectiva.

En los últimos años, el país ha dado pasos importantes en materia de modernización meteorológica, particularmente con la incorporación de radares Doppler. Se trata, sin duda, de una inversión necesaria y positiva. Sin embargo, la experiencia reciente confirma que la tecnología, por sí sola, no resuelve el problema. Su valor depende de la capacidad institucional para interpretarla, integrarla en protocolos operativos efectivos y traducirla en decisiones oportunas para la población.

El 8 de abril evidenció una brecha crítica: la información disponible no se transformó en alertas tempranas claras ni en orientaciones efectivas. Miles de ciudadanos amanecieron sin saber si debían enviar a sus hijos a la escuela o salir a trabajar, encontrándose luego con una ciudad colapsada. La gestión del riesgo no puede limitarse a la observación técnica del clima; debe garantizar comunicación oportuna y coordinación interinstitucional antes de que el impacto ocurra y, una vez producido, activar protocolos de comunicación claros y eficaces que orienten a la población.

Sin embargo, el problema trasciende lo meteorológico. Las inundaciones también responden a fallas estructurales en el drenaje pluvial urbano. La insuficiencia de imbornales y colectores, el déficit de mantenimiento preventivo, la obstrucción por residuos, la ocupación de zonas inundables y el crecimiento urbano sin planificación hidráulica han creado una ciudad altamente vulnerable. La expansión vertical, sin el redimensionamiento de las redes sanitarias y pluviales, ha sobrecargado sistemas diseñados para condiciones muy distintas a las actuales.

Esto explica por qué sectores como El Millón, Evaristo Morales o Renacimiento vuelven a inundarse con cada evento severo, y por qué cañadas en proceso de intervención, como Las 800 y Guajimía, aún no ofrecen resultados visibles. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón repetido.

Y es aquí donde la memoria reciente resulta clave. Las lluvias de noviembre de 2022 y noviembre de 2023 dejaron pérdidas humanas, daños económicos significativos y múltiples anuncios de mejora en los sistemas de prevención y respuesta. Sin embargo, lo ocurrido en abril sugiere que esas lecciones no han sido plenamente incorporadas. La repetición de escenarios similares indica que el problema no es solo técnico, sino de gestión.

Cada vez es más evidente que la República Dominicana enfrenta una alta exposición a eventos extremos en un contexto de urbanización acelerada y crecimiento vertical. Esto exige fortalecer la planificación territorial, la infraestructura hidráulica y la capacidad de respuesta institucional.

Persistir en respuestas reactivas, tardías o desarticuladas no solo incrementa los daños, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de la gestión del riesgo.

El desafío es claro. No se trata únicamente de invertir en tecnología o responder a emergencias, sino de construir un sistema que anticipe, prevenga y proteja. Porque cuando la lluvia deja de ser el problema y pasa a ser el detonante, queda en evidencia que el verdadero desafío está en cómo se preparan y se gestionan las ciudades.