La actual coyuntura de riesgo, marcada por lluvias intensas e inundaciones que han afectado a amplios sectores de la población, encontró a la Dirección General de Supérate con una capacidad de respuesta fortalecida. No se trató de improvisación, sino del resultado de un proceso previo de preparación institucional liderado por Mayra Jiménez, que permitió actuar con rapidez, eficacia y enfoque en los más vulnerables. Previo a las recientes tormentas, la dirección de Supérate desarrolló un amplio recorrido territorial en diversas provincias. Mediante asambleas comunitarias y espacios participativos, se levantaron diagnósticos directos sobre las condiciones de vida de las familias beneficiarias y el funcionamiento del programa. Este ejercicio permitió identificar brechas, ajustar mecanismos de intervención y fortalecer la inclusión y la equidad desde una gestión cercana y orientada a resultados.

Este proceso evidenció una estrategia basada en la escucha activa, la participación social y la corrección oportuna de debilidades. Esa preparación es la que hoy facilita respuestas eficaces ante emergencias que afectan la salud, la seguridad y la vida de miles de personas. La trayectoria de Mayra Jiménez aporta contexto a esta capacidad de gestión. Su participación en el sector social, su rol en el Diálogo Nacional en la PUCMM, su experiencia en organizaciones sin fines de lucro y en la función pública, así como su desempeño como ministra de la Mujer, configuran un perfil con base en políticas sociales y concertación multisectorial. Bajo su gestión, la protección social se concibe no como asistencialismo, sino como un instrumento de dignificación y generación de capacidades. Un elemento destacable ha sido la dinámica participativa impulsada en procesos de reestructuración del programa. En espacios desarrollados junto a juntas de vecinos, organizaciones de mujeres y autoridades locales, se promovió un modelo horizontal donde los beneficiarios identificaron problemas y propusieron soluciones, fortaleciendo la legitimidad de las políticas públicas. Este enfoque cobra relevancia en un contexto nacional de crecimiento económico y mejoras en indicadores sociales. Organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CEPAL estiman la pobreza extrema en torno al 2.2% y la pobreza monetaria general en 17.3%. Estos avances plantean el desafío de transformar la protección social en una plataforma de movilidad económica sostenible. El reto no es solo asistir, sino integrar. Se trata de vincular la política social con la generación de empleo y oportunidades, para que más hogares alcancen autonomía económica. Más allá de la coyuntura, está en juego la consolidación de un modelo de protección social que contribuya a cerrar brechas históricas mediante la articulación entre Estado y sociedad.