Este año, Daniel Noboa, literalmente arrastrándose, ganó la presidencia por segunda vez en Ecuador y tras comprometerse con Estados Unidos a permitir bases militares en ese territorio convocó un referéndum en el que el 60.82% de la población dijo que NO las quería. Solo el haber hecho la propuesta, le ha costado.

El mensaje del pueblo ecuatoriano fue contundente: cuando se trata de soberanía, no hay margen para improvisaciones ni decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía. Y ese es precisamente el espejo en el que República Dominicana se niega a mirarse mientras acelera una política exterior que parece diseñada no para defender intereses nacionales, sino para alinearse obedientemente con los nuevos apetitos geopolíticos de Washington.

Contrario al multilateralismo que proponían el plan de Gobierno de Luis Abinader, la diplomacia dominicana ha respaldado el veto a países (Honduras, Cuba y Venezuela) en la Cumbre de las Américas; ha permitido, en territorio dominicano, la incautación de un avión presidencial venezolano y se ha sumado (sin mayor debate público) a discursos que buscan enfrentar a China, apoyar a Ucrania, hacer mutis entre el conflicto Gaza-Israelí y abrir la puerta al interés estadounidense por las tierras raras del país. Todo ese historial crea un contexto que vuelve aún más delicada la decisión más reciente del gobierno: autorizar operaciones militares estadounidenses en aeropuertos dominicanos bajo el argumento de "combatir al narcotráfico".

El problema no es la cooperación internacional. El verdadero problema es la cuota de soberanía que parecemos entregar cada vez. Cualquier decisión que implique el uso del territorio nacional por fuerzas militares extranjeras exige niveles excepcionales de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. No es solo un asunto técnico ni un trámite administrativo: es una cuestión de soberanía y solo con Estados Unidos hemos hay tela para cortar.

Cuando se habla de soberanía, la improvisación es inaceptable. La Constitución dominicana establece claramente los procedimientos que deben seguirse para aprobar acuerdos de carácter militar o de seguridad nacional. Si el Poder Ejecutivo pretende avanzar en este tipo de compromisos sin respetar las atribuciones del Congreso contempladas en los artículos 3, 93 y 128, no se trata de un simple desliz político: es un quiebre institucional que erosiona la separación de poderes.

Además, autorizar operaciones militares extranjeras en nuestro territorio no es un gesto inocuo. Significa convertir a la República Dominicana en un actor, y potencialmente en un blanco, dentro de conflictos regionales armados que no controla y en los cuales no necesariamente debe participar. Cada movimiento geopolítico tiene efectos colaterales, y los países pequeños siempre pagan más caro las apuestas ajenas. Ese riesgo, por lo visto esta semana, el gobierno lo asume sin explicar nada, sin consultar a nadie y sin permitir un debate nacional responsable.

La democracia no se sostiene con discreción ni maniobras entre pocos. Se sostiene respetando la ley, fortaleciendo las instituciones y asegurando que ninguna decisión capaz de comprometer el futuro del país se tome sin el escrutinio que merece. La soberanía no es una firma, es un límite. Y hoy, más que nunca, ese límite debe ser defendido con firmeza.

Lo que se decide a espaldas de la democracia se paga con soberanía. Y la soberanía dominicana no está en venta.