En teoría, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) de República Dominicana es el alumno estrella del curso de “gestión moderna”:

ISO 9001: calidad.

ISO 37001: antisoborno.

ISO 37301: cumplimiento.

NORTIC: buenas prácticas en tecnologías de la información y gobierno digital.

Premios a la calidad, reconocimientos, fotos bonitas, placas, actos protocolares.

Sobre el papel, es casi un caso de estudio para conferencias de management:

“Cómo una institución pública se transforma en modelo de eficiencia y transparencia”.

Y, sin embargo, en el mismo país, el Ministerio Público presenta la Operación Cobra, describiendo una presunta red de corrupción dentro de SeNaSa, con miles de millones de pesos en juego y un impacto directo sobre el derecho fundamental a la salud.

Ironía no, lo siguiente. Y duele.

Cuando la ISO no alcanza

Los temas de sistemas de gestión y las normas no son el enemigo. Ayudan a ordenar, a documentar, a clarificar procesos, a identificar riesgos, a dejar de improvisar.

El problema es otro: hemos mitificado las certificaciones. Les hemos dado un poder casi mágico que no tienen.

ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, NORTIC, etc., son herramientas, no antídotos.

Pueden convivir perfectamente con prácticas corruptas cuando:

La cultura interna normaliza la obediencia ciega: “haz lo que te diga el jefe y ya”.

Las estructuras paralelas operan por fuera de los procedimientos formales.

El sistema de control depende, directa o indirectamente, de la misma cúpula que puede estar abusando de su poder.

En cristiano: puedes tener todo documentado, auditado y certificado… y aun así desfalcar el Estado si quienes toman las decisiones más críticas están dispuestos a torcer las reglas y nadie puede detenerlos.

El doble rostro de la “calidad” pública

Lo que está pasando con SeNaSa (y lo que siga saliendo del caso Cobra) exhibe una falla sistémica que va más allá de una institución y de unos nombres propios.

Es el doble rostro de cierta gestión pública:

De día: discursos de transparencia, ética, premios, fotos con placas, hashtags de modernización.

De noche (o entre líneas): contratos amañados, privilegios a ciertos prestadores, compras dudosas, estadísticas maquilladas, desvío de recursos.

No es un fenómeno exclusivo de República Dominicana, pero duele particularmente cuando afecta a un brazo del Estado que toca algo tan sagrado como la salud, especialmente de la población más vulnerable.

Porque aquí no hablamos solo de dinero mal utilizado. Hablamos de:

vacunas que quizás no llegaron a quien debían llegar,

servicios de salud que pudieron ser más accesibles y no lo fueron,

centros públicos relegados mientras se favorece a ciertos privados,

la sensación de que el Estado, en vez de cuidar, traiciona.

¿Qué falló, de verdad?

La tentación es decir: “falló el sistema”. Yo diría que falló cómo usamos el sistema.

Falló la gobernanza sobre los sistemas de gestión. Si quien concentra el poder puede “re-interpretar” o ignorar procedimientos críticos sin consecuencias, las ISO se convierten en un decorado. El sistema debe tener controles que no dependan solo de la cúpula.

Falló la independencia del compliance. Un verdadero sistema antisoborno no puede ser un departamento que reporta cómodamente a la misma estructura que aprueba contratos, designa prestadores y maneja millones. Si el oficial de cumplimiento solo sirve para firmar políticas, dar charlas y salir en la foto, no estamos hablando de compliance: estamos hablando de maquillaje institucional.

Falló la protección al denunciante. ¿Cuánta gente dentro de SeNaSa, y del sector salud en general, vio cosas raras y prefirió callar? Sin mecanismos reales (no simbólicos) de denuncia confidencial, sin respaldo, sin garantías de que no te van a destruir la carrera, el silencio termina siendo la opción racional.

Falló la supervisión externa o llegó tarde. Cuando el Ministerio Público entra es porque ya el daño está, al menos en parte, hecho. Lo que falta es un ecosistema donde:

La prensa tenga acceso a datos

La sociedad civil pueda analizar compras, contratos, pagos

Los órganos de control actúen antes de que el caso sea histórico.

Falló la narrativa del “somos líderes en calidad”. Poblar presentaciones de PowerPoint con logos de ISO y premios genera una zona de confort peligrosa:

“Si estamos certificados, entonces estamos bien”. No. Estar certificado significa, con suerte, que sabes documentar cómo haces las cosas. No dice nada, por sí solo, de la integridad de quienes toman las decisiones clave.

No se trata de quemar las ISO, sino de bajar las aureolas

Algunas personas se indignan ante casos como Cobra y dicen:

“¿Ven? Las certificaciones no sirven para nada”. Yo no iría tan lejos. Más bien diría:

Sirven para ordenar,

Sirven para dejar evidencia,

Sirven para darle estructura a la gestión, pero no sustituyen:

La ética personal

La coherencia de la alta dirección

La presión ciudadana

La acción firme de los órganos de control y la justicia.

Necesitamos bajar las ISO del pedestal. Verlas como lo que son: herramientas. Y dejar de venderlas como sello absoluto de probidad, porque cuando estalla un caso como Cobra, lo que se erosiona no es solo la imagen de una institución, sino la confianza en todo el discurso de “gestión pública moderna”.

¿Y ahora qué? Algunas pistas desde una ciudadana que cree en un “Estado que cuida”

Como Dora Pariente, no me interesa solo indignarme. Me interesa preguntar: ¿qué hacemos diferente mañana?

Propongo algunas líneas, sabiendo que no son mágicas, pero son un comienzo:

Separar de verdad el compliance de la línea política.

Oficial de cumplimiento con autonomía real

Nombramiento con filtros técnicos,

Estabilidad que no dependa del capricho del director de turno,

Canales directos al Ministerio Público y a órganos de control cuando se detectan red flags.

Blindar al denunciante, no al corrupto.

Ley de protección al whistleblower que no sea letra muerta

Acompañamiento psicológico y legal

Sanción ejemplar a las represalias internas (traslados, acoso, congelamiento de carrera).

Abrir los datos del sector salud como política de Estado.

Datos de compras, pagos a prestadores, tiempos de respuesta, reclamaciones de afiliados,

Todo en formatos abiertos, comparables, trazables en el tiempo.

Cuanto más se vea, más difícil es sostener un esquema oscuro por años.

Auditorías cruzadas y rotación de equipos.

Ni los mismos auditores internos eternamente, ni la misma firma externa por décadas sin controles.

Rotar miradas, alternar equipos, hacer auditorías sorpresa, incluir ciudadanos y academia en mecanismos de veeduría.

Cambiar el criterio de prestigio institucional.

Un ministerio, una ARS, un hospital público no debería presumir solo de “cuántas certificaciones ISO tengo”, sino de:

Cuántos casos de corrupción documentados y sancionados

Cuántas alertas se atendieron a tiempo

Cuántos procesos se corrigieron gracias a denuncias.

La madurez no es no tener problemas, es afrontarlos sin maquillarlos.

Cobra como espejo: ¿vamos a mirarnos o a romperlo?

La Operación Cobra, más allá de sus detalles jurídicos, es un espejo incómodo.

Nos obliga a preguntarnos:

¿Qué tanto hemos convertido las certificaciones en un fin en sí mismo?

¿Qué tan dispuestos estamos, como ciudadanía, a exigir algo más que discursos y medallas?

¿Vamos a aceptar que la salud, la educación, los residuos, la energía sigan siendo territorios donde el “cuento de la modernización” convive con prácticas que nos devuelven al siglo pasado?

Yo sigo creyendo en un Estado que cuida. Pero un Estado que cuida no se construye solo con manuales ni con normas colgadas en la pared. Se construye cuando:

La alta dirección entiende que su rol no es “sacarle provecho a la posición”, sino honrarla,

Los sistemas de gestión se diseñan pensando en detener también al que está arriba

La ciudadanía tiene voz, datos y valentía para decir:

“No me basta con que estés certificado; quiero que seas coherente”.

Si Cobra sirve para algo, ojalá no sea solo para otro titular escandaloso. Ojalá sea un punto de inflexión para revisar, con honestidad brutal, cómo estamos usando (o abusando de) la palabra calidad en el sector público dominicano.

Firmo esta columna no desde el cinismo, sino desde la convicción de que podemos y debemos hacerlo mejor.