Es indignante, desgarrador, y una sociedad entera está domando sus deseos para que el instinto animal no se imponga frente a la norma jurídica y las vías de sanción. No obstante, el componente irritante de mayor dimensión se concentra en la afectación a los servicios de salud que protegen a las franjas de mayor vulnerabilidad.

Por eso, aún si la decisión se toma en el marco de una correcta actuación del Ministerio Público, los ciudadanos no asimilan correctamente que tres de los privados de libertad tengan sus hogares como instancia de reclusión. Y la dosis de ira aumenta por las características económicas de esos sancionados, porque la comodidad de sus domicilios introduce una lectura: la protección alrededor del sector social al que pertenecen.

Lo que parece desaparecer del análisis del caso Senasa es el rol empresarial. Es esa fatal vocación de algunos actores provenientes del sector con excesiva capacidad para inflar sus capitales por medio a sus malas artes y a través de socios enquistados en el aparato estatal dispuestos a coordinar todo tipo de engranaje y, perversamente, salirse con las suyas. Y, claro, con la “favorabilidad” de dejar la total cuota de responsabilidad en el territorio de la política.

Una tarea clave le cabe a la Justicia ahora: hacer una justa valoración de las responsabilidades de actores públicos y privados. El riesgo que se corre es que esas perversas alianzas, con enorme capacidad de apoderarse del presupuesto nacional, se repitan nuevamente con rostros nuevos pero nombres familiares.

Afortunadamente, el auténtico ojo crítico de la ciudadanía evidencia niveles de crispación que envían un claro mensaje al litoral político y empresarial: sus barbaridades generan el doble grado de sanción, tanto punitiva como moral, que coloca a los responsables de fechorías en el zafacón de la historia. Y del presente.

Desde el Gobierno, la actuación legal y el mandato de constitución en actor civil determinan una postura oficial correcta. El carácter preventivo y la determinación de erradicar de la gestión toda manifestación de corrupción expresan la voluntad de no apartarse de la senda del adecentamiento de la función pública, que se transformó en razón de victorias electorales y en un rasgo distintivo frente a otros proyectos políticos.

Entretanto, los esfuerzos deberán centrarse en devolverle a la gente la confianza y los servicios arrebatados al seguro estatal. Senasa debe funcionar nuevamente en beneficio de los dominicanos, de inmediato. Porque es un derecho. Y es una responsabilidad política.