En el hogar se construye la democracia y en las aulas se practica. Desde hace más de 22 años, el gobierno dominicano ha promovido esta apuesta y la razón detrás de esto es evidente: en nuestras casas aprendemos y en la escuela practicamos la libertad, la inclusión, la democracia y sus valores, lo que nos lleva a una sociedad más justa y plural. Sin embargo, ¿Cómo podemos lograr esto de manera fluida? ¿Cuál es el proceso de transición de la idea a la práctica?

Es fundamental que esté documentado. Un paso importante es que el sistema educativo dominicano cuenta con la Ordenanza No. 4’99 que establece el Reglamento de Instituciones Educativas Públicas; en ella se crean los distintos mecanismos de participación y consulta en los establecimientos públicos como son los Consejos Estudiantiles, los Comités de Trabajo y los Consejos de Cursos. Estos espacios de participación, conformados de manera libre y voluntaria a lo interno de cada comunidad educativa, tiene como fin primario promover el involucramiento del estudiantado y guiar en forma ordenada a los distintos integrantes de las escuelas para mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros en el aprendizaje. Estas instancias permiten que los representantes (con una autogestión adecuada y oportuna) sean agentes de cambio para alcanzar no solo mejoras en la calidad del quehacer educativo, sino también para desarrollar competencias y habilidades sociales que les permitan ejercer una ciudadanía activa.

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Lo primero y considero más importante es que los y las estudiantes comprenden la necesidad de involucrarse en los procesos de la escuela y sus comunidades. Si desde pequeños les importa su espacio escolar y se comprometen a hacerlo habitable en todo sentido de la palabra, es mucho más probable que cuando jóvenes les entusiasme aportar desde otros espacios al bienestar colectivo. Los niños y niñas que ven resultados positivos de sus gestiones como integrantes de sus Consejos de Cursos querrán experimentar y expandir estas vivencias en otras actividades y otros ámbitos.

Otro punto importante es que reafirman sus capacidades y entienden la necesidad de otras habilidades por un objetivo común. Los grandes cambios se construyen de manera colectiva y colaborativa, dependen de nuestras fortalezas, pero también la de los demás. Entrar en espacios que promueven cambios les mueve a colaborar con lo que saben y pueden aprender, pero también les hace reconocer en lo que otros son más aptos y por ende necesarios, es un aprendizaje cooperativo que desarrolla nuestras propias capacidades y busca en los demás el mismo compromiso y aporte.

Ubican el sentido de la corresponsabilidad, ante todo. Todos tienen un rol que jugar y todos dependen de que cada uno lo haga de la mejor manera posible para el éxito de colectivo. Todo lo que se haga o se deje de hacer genera un impacto y no da lo mismo.

Promueve la cohesión social. Participar supone apropiarse del espacio desde una perspectiva ciudadana y es justamente la escuela este escenario, donde nuestros niños, niñas y jóvenes pueden practicar la búsqueda de consenso y dirimir las diferencias.

Por eso y todo lo demás la importancia de esta ordenanza. Esta es una relación lineal (Estado-Alumnado) que no puede existir una sin la otra y que solo con acciones integrales puede dar el resultado que todos queremos. Es evidente que la democratización del espacio escolar es esencial para forjar ciudadanos comprometidos, responsables y activamente participativos. La escuela es la segunda institución donde se vive la democracia, donde se practica la participación y se toma conciencia del impacto que cada uno puede generar en el colectivo. Por ende, es imperativo que cada miembro de la comunidad educativa, desde docentes hasta padres y estudiantes, adopte y refuerce las prácticas participativas promovidas por ordenanzas como la No. 4’99.