Con más de 20 años de retraso, la Ley de Ordenamiento Territorial finalmente está a punto de ser aprobada, terminando así, definitivamente, su periplo. Este marco regulatorio del territorio, en sentido general, constituye un punto de avance en materia de nuestra legislación municipal y, sin entrar en detalles sobre sus alcances, vale la pena que el debate de ese tema se continúe en sus diversas vertientes. Entre otros, es imprescindible insistir en el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y democratizar sustancialmente la representación y participación en los procesos de elección de sus autoridades, porque sin ellos la referida ley sería letra muerta. Además, darle un marco regulatorio no solo del uso de suelo, sino sobre su costo para la edificación de vivienda, básicamente.

Que hayamos llegado a este punto, constituye un ejemplo de que, a pesar de todo, vale la pena insistir con inteligencia y tesón para sacar una ley con niveles aceptables de racionalidad y reconocimiento de derechos consagrados en la Constitución, como es el de los gobiernos locales a ordenar su territorio. En estas cuestiones falta mucho por hacer. Quizás todo. Una ley de ordenamiento territorial debe ser entendida como un marco general regulatorio, casi indicativa, pues en esencia, solo indica a los gobiernos locales cosas que su marco competencial les obliga. Esta ley les dice a los entes locales cómo y cuándo establecer la caracterización y límites de sus suelos urbanos, urbanizables o no urbanizables.

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Ello así, porque el ejercicio de soberanía constituye una prerrogativa de las autoridades locales. Pero no creer que con esta nueva Ley se termina el desorden y las malas prácticas en la producción y desmesurado crecimiento de las ciudades y de sus entornos rurales. Sin control del costo del suelo para limitar el costo de las viviendas, las zonas urbanas crecerán exponencialmente y detenerlo es de obligado cumplimiento de los gobiernos locales y esto difícilmente se logra sin la existencia de una ley urbana general que sirva de marco regulatorio.

Un elemento positivo de la nueva Ley, es que tiende a potenciar el carácter mancomunado de la gestión municipal en determinadas áreas, como son las redes urbano/territorial que se forman entorno a grandes ciudades, como el Gran Santo Domingo y Santiago, eso potencia las ventajas de ciudades y asentamientos en redes, siempre que pueda lograr una alianza virtuosa, no perversa, con el sector privado. Los sectores medios de este último sector, si se asocian podrían resistir los embates de las grandes corporaciones.