El Frente Amplio, junto a un grupo de organizaciones sociales aliadas, planteó hoy la necesidad de que cualquier reforma fiscal se concentre en mejorar la recaudación, reducir el gasto, eliminar las exenciones y cobrar más impuestos a las empresas y personas que más ganan.

Indicaron que con esto se reduce la carga impositiva sobre los sectores medios y populares que, a su juicio, han sido los más afectados por la crisis general, acentuada con la pandemia de la COVID-19.

Asimismo, anunciaron su decisión de participar como bloque político social con propuestas comunes y promoviendo la movilización social para que el proceso general de reformas avance hacia una redistribución de las riquezas, la democracia participativa y consolidar la defensa de la soberanía nacional y del patrimonio natural de la nación dominicana.

Las organizaciones que conforman la coalición son el Frente Amplio, el Congreso Cívico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, el Movimiento de Trabajadores Independientes, el Bloque Popular Jesús Adón, el Movimiento de Mujeres Trabajadores, el Frente Estudiantil Flavio Suero, el Frente Universitario Renovador, la Corriente Sindical Juan Pablo Duarte de la UASD y Juventud Caribe.

Consideron necesaria una reforma con justicia fiscal para cubrir el déficit presupuestario en el presupuesto para el próximo año y el acumulado en los últimos años, para reducir los préstamos que comprometen la soberanía nacional y emprender inversiones que dinamicen la economía.

Además, en un documento conjunto insistieron en que esa reforma debe orientarse a mejorar el cobro, reducir el gasto no prioritario y desmontar las exenciones que sustraen al Estado recursos suficientes para cubrir el déficit o un alto porcentaje del mismo.

“El Estado podría cubrir más del 50 % del déficit presupuestario con solo eficientar el cobro. También sugerimos iniciar un proceso de desmonte gradual de las exenciones impositivas a sectores que por décadas se han beneficiado de ellas y eliminar el subsidio al combustible que se concede a grandes empresas y sectores del transporte, sin beneficios para la población”, indica el documento.