Un mes antes de las elecciones generales del año 1962, torneo ganado por el profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano, los miembros del Consejo de Estado que gobernaba el país Antonio Imbert Barreras y Luis Amiama Tío amenazaron con renunciar si no eran hechos generales de cuatro estrellas.

Alegaban los conjurados en el ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo que después de su salida del poder, cuando cesaran en el cargo, en febrero del 1963, no tendrían protección alguna y que desconfiaban de las autoridades que surgieran de las elecciones, fuera el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) o la Unión Cívica Nacional (UCN).

Sobre la conciencia que tenían Imbert y Amiama de su situación, el embajador de los Estados Unidos, Jhon Barlow Martin, explica que en un encuentro que sostuvo con los dos supervivientes de la gesta del 30 de mayo, le expresaron textualmente: “Los otros cinco (miembros) del Consejo de Estado no tienen nada que perder. Pero después del 27 de febrero ¿qué será de nosotros? Todos los partidos políticos nos temen. Y nosotros sabemos que solo podemos confiar en nosotros mismos. No queremos meternos en política, pero tenemos que hacerlo. Si dependemos del partido que salga elegido (en las elecciones del 20 de diciembre) puede desentenderse de nosotros. No queremos poder ni dinero para nosotros mismos. Solo nuestras vidas”.

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El presidente del Consejo de Estado, Lic. Rafael F. Bonelly, al igual que el diplomático estadounidense y los grupos asesores del MAAG y de la CIA, disponían de datos fidedignos del interés manifiesto de Imbert y Amiama de controlar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Conocían de las visitas frecuentes que hacían a los comandos militares y que habían concitado el respaldo del jefe de la Aviación Militar Dominicana, general Atila Luna, además de que habían logrado la designación de Belisario Peguero Guerrero como jefe de la Policía Nacional. “Los dos supervivientes habían estado acumulando demasiado poder y por esta razón todo el mundo temía que se convirtieran en dictadores”, asegura Martin.

Para la ocasión, las diferencias entre Bonelly y los consejeros Imbert y Amiama estaban al “rojo vivo”. Ellos inclusive hablaban por radio a la población pronunciando discursos, intervención que hacían sin el consentimiento del presidente del Consejo. De igual manera, Bonelly había sido informado de que Imbert y Amiama, para consolidar su influencia a lo interno de la Policía, habían dispuesto el traslado a esa institución de cientos de efectivos provenientes de las Fuerza Aérea, Ejercito Nacional y Marina de Guerra. Fue a partir de ese accidentado momento, un mes antes de las elecciones, que se dictó el decreto 6088, invistiendo con el grado de general del Ejército a los señores Imbert y Amiama, disposición que no mereció el respaldo del Consejero Donald Read Cabral.

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En principio el alto mando militar se identificó con el nombramiento del generalato pura y simple, pero cuando se difundió la especie de que serían generales de cuatro estrellas comenzaron las dificultades con los gendarmes Viñas Román, Rivera Cuesta y Pagán Montás que objetaron la última definición (cuatro estrellas). La situación motivó una reunión de los mandos militares que los nuevos oficiales, a quienes le habían dicho que tendrían gusto en recibirlos como generales de una estrella, pero no de cuatro estrellas, posición que fue aceptada por Imbert y Amiama.

Finalmente se produjo una segunda reunión entre todos los jefes militares con Imbert y Amiama para tratar el caso de generalato de ambos, y a principios de diciembre de 1962 el Consejo de Estado emitió otro decreto, el 6124, mediante el cual se inviste, definitivamente, con el grado de general de brigada del Ejército Nacional, disposición que derogó el número 6088, que asignaba el grado de cuatro estrellas a los dos “héroes vivos”.