La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, está convencida de que promover el derecho de los ciudadanos a acceder a las informaciones públicas es una de las mejores maneras de consolidar la gobernanza de un país.
Durante la conferencia “Ciudadanía como beneficiario del acceso a la información”, organizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Ortiz Bosch explicó que este ejercicio de buena gobernanza solo funciona si el ciudadano está consciente de su derecho a que se le entreguen las informaciones que solicita y el Estado cumple su obligación de suministrarla.
“Un ciudadano totalmente persuadido de la importancia de su derecho a saber y un Gobierno que en cada funcionario y en cada rincón de la administración pública sabe que está obligado a transmitir el conocimiento que le está pidiendo un ciudadano. Sin esa dualidad de ejercicio no se crea la gobernanza”, sostuvo la funcionaria.
Gregorio Montero, viceministro de Reforma y Modernización del Estado del Ministerio de Administración Pública (MAP), expuso no se puede reclamar ningún derecho fundamental si no se tiene información de calidad y recordó que “información retardada es información negada”.
El conferencista señaló que actualmente se debe hablar de una administración “centrada en el ciudadano” y que este enfoque y su ejecución es lo que le otorga “valor público” a la administración.
“No hay forma de detener la exigencia de derechos de los ciudadanos”, advirtió en su exposición frente a decenas de empleados públicos de distintos niveles, entre ellos algunos responsables de acceso a la información.
“La transparencia no es una opción en el siglo XXI, es una obligación”, recalcó el viceministro.
Sostuvo que la información que maneja el Estado es, en esencia, pública; y, por excepción, privada.
Juan Cruz Vieyra, especialista en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contó que cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca ordenó que se publicaran inmediatamente los 10 tipos de informaciones que más requerían los ciudadanos.
El expositor señaló que en este milenio se ha incrementado la cantidad de países de América Latina y el Caribe que han promulgado leyes de acceso a la información pública.
Al respecto, precisó que a día de hoy una veintena de naciones en la región cuentan con este tipo de legislación.
“Esta es una corriente que llegó para quedarse”, resumió el especialista en su disertación.