La directora de ética y transparencia gubernamental, Milagros Ortíz Bosch, pidió ayer a la Cámara de Cuentas verificar con la Dirección General de Impuestos Internos, el Registro de Títulos y las instituciones bancarias el patrimonio declarado por los actuales funcionarios, conforme a lo establecido en la Ley 311-14.

Le recordó al órgano auditor externo del Gobierno que la Ley es para aplicarla y no para guardar papeles.

La funcionaria habló así al dar a conocer la lista de los 30 funcionarios que fueron juramentados el 16 de agosto pasado y que depositaron su declaración jurada de Patrimonio dentro del plazo que manda la ley.

“Yo quiero pedirle ahora a la Cámara de Cuentas que aplique los poderes que le da la ley 311-14, y nosotros la vamos a acompañar dándole seguimiento también”.

En su artículo 15 la ley dispone sanciones de uno (1) a dos (2) años de prisión y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno para aquellos funcionarios que falsearen los datos de sus declaraciones juradas.

Establece además que cualquier funcionario está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad. “En caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados”, dice el artículo 16 de la ley.

Ortiz Bosch recordó que lo mismo aplica a los exfuncionarios del Gobierno, los cuales dijo, a menos que se hayan acogido a la prórroga que hasta el 28 de este mes dio la Cámara de Cuentas, debieron depositar su declaración jurada ayer.

“Debo decir con satisfacción que todos los hombres y mujeres que nos juramentamos en este Palacio con el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña hemos entregado a tiempo nuestra declaración jurada de bienes, como está contenido en el compromiso ético que hicimos en cumplimiento a esa ley fundamental, lo que revela el apego a la Constitución y a las leyes de los que vamos a fungir como funcionarios públicos”.

Esos funcionarios son además del presidente, la vicepresidenta y ella, Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Roberto Fulcar, Deligne Ascención, Roberto Álvarez, teniente general Carlos Díaz Morfa, Antonio Almonte, Orlando Jorge, Miguel Ceara, Tomás Castillo Lugo y Plutarco Arias Arias. También José Vicente, Kimberly Taveras, Limber Cruz, David Collado, Mayra Jiménez, Luis De Camps , Víctor Bisonó, Francisco Camacho, Franklin García, Carmen Heredia, Geanilda Vásquez, Héctor Valdez, José Leonel Cabrera, Milagros Germán, Antoliano Peralta y Miriam Germán Brito.