La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, considera que si ella estuviera en la posición del actual titular de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, que es mencionado en el caso anticorrupción administrativa, Calamar, hubiera pedido una licencia.

«Creo que lo recomendable era liberar a una institución en la que tú crees, de toda contaminación que no sea la transparencia total», aseguró Ortiz Bosch en el Palacio Nacional, durante la presentación de los resultados de la Cumbre por la Democracia.

Según la solicitud de medidas de coerción del caso Calamar, específicamente en las páginas 149, 152 y 153, Torres figura como una de las personas que se beneficiaron con más de 32 millones de pesos por expropiación de terrenos públicos. Sin embargo, el funcionario no está encartado ni ha sido arrestado.

El documento, de poco más de 2 mil páginas, detalla que Torres, que tambipen es aspirante a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es el «supuesto propietario» junto a otras personas de una porción de terreno en la parcela 613, del Distrito Catastral número 32, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo; amparada en el certificado de título 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 metros cuadrados, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de
septiembre del año 1955.

De acuerdo a la lista de los beneficiarios, en la que también aparece el abogado y economista Ángel Lockward, Torres supuestamente recibió RD$32,065,992.00.

«En tanto que el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de ciento cincuenta millones de pesos dominicanos (DOP 150,000,000.00), pagados a título personal y mediante interpósitas personas, como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Joar Emil Ortiz Hernández, y Mérido de Jesús Torres Espinal», señala la acusación del órgano persecutor.

“Estas supuestas deudas, eran reconocidas mediante cesiones de créditos que carecen de fecha cierta y que no habían sido notificadas a la institución ejecutora, es decir, a la Dirección General de Bienes Nacionales, al momento de la elaboración y firma del acuerdo transaccional. Sin embargo, las acreencias de estas deudas fueron establecidas en la distribución programada para el primer pago, hasta un 80% de su valor”, detalla el expediente.

Mérido se puso a disposición de la Justicia

Sin embargo, en agosto del año 2022, uno de los abogados del funcionario aclaró que en la lista de informes financieros que encabeza Donald Guerrero, en la que se menciona su nombre, no tiene nada que ver con la institución que actualmente dirige, pues son expedientes llevados en su condición de abogado desde su oficina privada, y antes de asumir la función pública que hoy desempeña.

“Yo Mérido Torres, como abogado, recibí en el 2018 en mi oficina privada a los familiares del señor Moisés Reyes O Ben y estos me otorgaron un poder con el que iniciamos una demanda en justiprecio contra del Estado Dominicano por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), y a finales del 2019 logramos una sentencia que ordenó el pago a esa familia”.

“Estoy dispuesto a acudir a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en caso de ser requerido para colaborar con las investigaciones. Saludamos el accionar de un Ministerio Público independiente”.

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“Reitero que no he recibido dinero del Estado Dominicano, sino el pago de mis honorarios profesionales que me hicieron esos clientes por el proceso que llevó mí oficina privada de abogados y como ganancia de causa”.