El último desmantelamiento de una de las estructuras políticas de carácter delincuencial hecho por el Ministerio Publico, por su complejidad y extensión, nivel de involucramiento en ellas de las altas instancias del PLD y los vínculos cuasi primarios de sus principales integrantes con el entonces presidente de la República, son alarmantes indicadores de que estábamos inmersos en un tipo de poder que, como las dictaduras, tendía hacia el absolutismo perfecto y la perpetuidad. Por consiguiente, del gobierno que lo sucedió se espera una transición hacia una gestión de lo público no sólo transparente sino inclusiva democrática.

Desde el ajusticiamiento de Trujillo, se han presentado diversas coyunturas con potencial para, definitivamente, democratizar el país desde una perspectiva del reconocimiento de los derechos fundamentales de las mayorías. Sin embargo, en cada una de ella ha primado la tendencia hacia los acuerdos entre las élites políticas en los que se imponen las trapisondas de esas élites y de los poderes facticos. La primera transición hacia un sistema político basado en un sistema de partidos competitivo para la alternancia en el poder fue abortada con el golpe de Estado a Bosch y al entonces PRD, orquestado por los sectores conservadores.

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De nuevo en el poder en 1978, ese partido tuvo la oportunidad de encabezar una transición democrática, asumiendo la demanda de inclusión social de sus bases, pero se decantó por una opción conservadora excluyendo de cualquier instancia de poder a Peña Gómez. A pesar del final al reinado de Balaguer, el conservadurismo impuso su agenda. Se produjo otra crucial coyuntura, con el fraude que se le hizo a Peña en las elecciones del 1994, y la salida a la crisis se produjo mediante el engaño a este, haciéndolo firmar un acuerdo en el que se consignaba el 50+1 % de los votos para ganar en primera vuelta, diferente al anteriormente acordado consignaba el 40+ 1. Es el triunfo de la continuidad sobre el cambio, postergándolo y convirtiéndose en factor clave para la aparición del fenómeno de desafección o retraimiento de la política de grandes grupos de individuos, venidos de diversos segmentos de la población que expresan abiertamente que no les interesa esa actividad. De esos grupos la mayoría son jóvenes, lo validan diversas encuestas, no solamente la última Gallup. Por consiguiente, las acciones del Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad, constituye el elemento más saliente de la presente coyuntura a la que corresponde una acción en el plano político que lo consolide, de lo contrario sería otro el triunfo del conservadurismo que hipotecaría el presente de este gobierno y su futuro de cara al 2024.