Ya se ha vuelto tradición que cada cuatro años la JCE, o más bien su presidente, tenga que utilizar a los medios de comunicación y su capacidad de crear presión social para solicitar los recursos que necesita para organizar las elecciones, que según la decisión tomada por su actual Pleno en su reunión del pasado lunes se celebrarán el 18 de febrero del 2024 las municipales, en tanto las presidenciales fueron pautadas para celebrarse el 19 de mayo del mismo año.

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Fue en ese escenario donde su presidente Román Jáquez Liranzo alertó que las elecciones se organizan y se pagan en el 2023, no en el 2024, por lo que constituye un riesgo para la organización del proceso electoral que el Gobierno piense que se pagan en el 2024. Todo ese trabalenguas para decir, en resumidas cuentas, que el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo para el 2023, un año preelectoral, es demasiado bajo, por lo que resulta insuficiente para todo el trabajo que el órgano tiene todavía por delante; tanto, que pone en riesgo el montaje de las elecciones del 2024. Son palabras mayores, desde luego, pero no es la primera vez que las escuchamos en labios de un presidente de la JCE, que proceso tras proceso tienen que hacerle ese tipo de advertencias, casi exageradas y tremendistas, al gobierno central, o para decirlo más directamente; a los políticos que administran el Presupuesto Nacional. Como si cada cuatro años fuera necesario recordarles que sin la celebración de elecciones no hay democracia, y que sin democracia tienen que irse todos para sus casas.

No tiene porqué ser así también en el Gobierno del Cambio, que tiene la oportunidad de romper la tradición de regatearle los recursos que necesita la JCE para organizar los procesos electorales en los que se eligen las nuevas autoridades del país, un tira y afloja que contamina el clima electoral de incertidumbres que a estas alturas de nuestra vida democrática debieron haber sido superadas hace muchísimo tiempo.