Si la Policía va a investigar la denuncia de una joven en Hato Mayor, quien declaró a un periódico digital que pagaba 20 mil pesos mensuales de peaje a la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), a la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para que la dejaran operar tranquilamente un punto de drogas, lo primero que tiene que hacer es ofrecerle protección, pues luego de hacerse público ese video en las redes sociales su vida corre gran peligro.

Según Crisania Mercedes Soriano, los 20 mil pesos los distribuía de la siguiente manera; 8 mil pesos para el encargado de la Dican, otros 8 mil pesos para el de la DNCD, y 4 mil para el de Dicrim. Pero decidió –dice– salirse del negocio cuando le dijeron que el fiscal también quería “lo suyo”, y que tenía que pagarle 8 mil pesos mas cada mes. Las revelaciones de Crisania han provocado gran impacto, no tanto porque se producen en medio del escándalo de la Dican como por el hecho de que pocos ponen en duda, dados los niveles de contaminación de los organismos de combate al narcotráfico, que lo que revela esa mujer sea verdad.

El vocero de la Policía, el coronel Jacobo Mateo Moquete, informó que la investigación fue encomendada al general Orlando Martínez Pichardo, Director de Asuntos Internos, y prometio sanciones drásticas. Pero después de todo lo que hemos visto talvez lo mas prudente sea que, al igual que el lío del Dican, el mayor general Manuel Castro Castillo le pase esa papa caliente al Ministerio Público, pues nadie creerá en una investigación en la que la Policía será juez y parte, y lo mismo puede decirse de la DNCD.

Y si es verdad, como asegura la denunciante, que posee videos donde aparece pagando peaje, esa investigación será –como dicen en la calle– un “cachú” que le permitirá al Procurador Francisco Domínguez Brito seguir mandando tras las rejas a quienes deshonran su uniforme poniéndolo al servicio del narcotráfico.