El Ministerio Público presentará en los próximos días acusación criminal contra los tres jueces destituidos por el Consejo del Poder Judicial (CPJ); procurará la revocación de las decisiones que tomaron en los casos más grandes relacionados con el narcotráfico.

Con esos fines, el procurador general, Francisco Domínguez Brito, instruyó a la titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, para que haga el sometimiento a los exmagistrados José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.

También para que investigue a otros servidores del Poder Judicial y a abogados vinculados a la red que negociaba libertades, especialmente a personas ligadas al crimen organizado, a cambio de grandes sumas de dinero, y de la cual formaban parte la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, y el exconsejero Francisco Arias Valera, ambos bajo arresto domiciliario por ese hecho.

Domínguez Brito manifestó su satisfacción por la decisión del CPJ de destituir a los referidos jueces, y reconoció la voluntad del presidente de ese órgano y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, para erradicar las mafias que se han instalado en el seno del Poder Judicial.

“El compromiso nuestro como Ministerio Público es luchar de manera frontal con todas estas manifestaciones complacientes, cómplices del narcotráfico y del crimen organizado, y esperamos que pueda haber una sanción ejemplar para estas personas ligadas a este cartel que, como denunciamos, había permeado a la justicia dominicana”, dijo el procurador durante una conferencia de prensa.

Reyes Beltré. Jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el presidente de la SCJ le atribuye haber devuelto US$125,000 que habría recibido para rendir decisiones favorables en casos que ventilaba.

Se cuestionaron su decisión de ordenar la devolución de una aeronave incautada mediante orden de secuestro, cuya propiedad se atribuye al presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro.

También la devolución de US$20 millones a la razón social Prado Universal Corp., constructora de la Torre Atiemar, cuyo presidente Arturo del Tiempo, está condenado en su país, España, por narcotráfico.

Además, la puesta en libertad del regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, investigado por sicariato.

Arias Valera. El exmiembro del Consejo del CPJ es sindicado como el supuesto líder de la estructura mafiosa que operaba a lo interno del Poder Judicial. Supuestamente recomendó al exmagistrado José Ygnacio Medrano Quéliz, sin el consentimiento de éste, como Juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, “a condición de que resolviera algunos casos de manera satisfactoria a sus intereses”.

Duvergé Mejía. Supuestamente recibió soborno para variar medidas de coerción. Se le cuestiona favorecer al grupo encabezado por el puertorriqueño José Antonio David Colón, arrestado con 340 paquetes de cocaina pura; a Edwin Samuel Durán Colina, implicado con 10 kilos de cocaína; Dionicio Familia de los Santos, con 25 kilos; Alejandro Almánzar, propietario de un furgón con cocaina líquida; Alejandro de Js. Morales, a quien se le incautó una nevera playera con US$493,000; y la de Julio Alfredo Rondón Abreu, detenido en el aeropuerto con 96 bolsitas de heroina en el estómago.

Vallejo Espinosa y Mejía Lebrón. Habrían actuado de manera similar en los casos José Martín Cortorreal Ramírez, detenido con droga en el estómago, y quien habría pagado RD$1 millón; y el No Ha Lugar al alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, acusado de desfalco de RD$400 millones, dado por Mejía lebrón.