La República Dominicana enfrenta serios desafíos para implementar un sistema tributario que supere las grandes pérdidas por la evasión fiscal, el fraude y una gestión débil del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS).

Es pertinente y de especial trascendencia que un pacto o reforma fiscal sea fruto del consenso de los sectores políticos, sociales, económicos, los que aportan al sistema productivo, los trabadores, en fin, con la valoración de los ciudadanos y ciudadanas y el pueblo.

Es por esta razón, que vale la pregunta: cuáles trabas impiden que nuestro país mejore la eficiencia en la recaudación de impuestos para incentivar la inversión en políticas públicas de protección social, al servicio de una economía sostenible y que promueva la productividad, el crecimiento inclusivo y la competitividad.

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Nuestro sistema tributario sigue siendo deficiente, a pesar de que la República Dominicana se mantiene como un país con una economía en rápida expansión, con una tasa de crecimiento económico con un promedio anual proyectado en 5,1 por ciento para el 2024, una de las más elevadas de América Latina y el Caribe; conforme a los criterios del Banco Mundial.

Sin embargo, en un informe denominado: «hacia un sistema tributario más eficiente en República Dominicana», publicado el 17 de enero 2018, por el Banco Mundial, se refiere que: «los ingresos fiscales no han seguido el ritmo del crecimiento económico, y el esfuerzo de recaudación de la República Dominicana no obtuvo los mismos resultados que” el de otros países de la región. Para el año 2016 la recaudación de impuestos era, en promedio, solo el 14,6% del PIB, y que, no obstante la sólida trayectoria de crecimiento, los indicadores de pobreza y desigualdad en la República Dominicana continúan relativamente altos».

Sigue refiriendo el citado informe del Banco Mundial que: “las exenciones del ITBIS (IVA del país) constituyen el mayor gasto tributario de la República Dominicana seguidas de las tasas preferenciales a los combustibles, las deducciones al patrimonio inmobiliario y los incentivos relativos al impuesto sobre la renta para las empresas. El sector privado recibe beneficios que ascendieron alrededor de 0.7% del PIB en 2015 a través de gastos del impuesto sobre la renta, y su impacto en la economía aún no se ha evaluado plenamente. Los ingresos que el Gobierno deja de percibir sólo del impuesto sobre la renta de personas físicas por causa de la informalidad laboral, equivalen a cerca de un tercio de punto porcentual del PIB”.

La Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana (END 2030), ley 1- 12, consigna que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a acuerdos para poner en ejecución un Pacto o Reforma Fiscal (artículo 36), para «financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal…” todo esto, “mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.

Es por esto que proponemos que todos estos sectores sociales, políticos y económicos inicien las gestiones, para poner en ejecución el Pacto Fiscal, sobre la base de 6 iniciativas que estimamos se deben contemplar: 1) reducir la evasión fiscal; 2) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público y mejorar su orientación para beneficiar a los más pobres; 3) propiciar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria; 4) consolidar en el Código Tributario reglas claras para el otorgamiento de los incentivos y la focalización de las exenciones; 5) elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; e 6) incluir una base impositiva que reduzca la informalidad.

En definitiva, un pacto fiscal al servicio de una economía sostenible y el crecimiento inclusivo, que fomente la inversión en políticas públicas de protección social y que promueva la productividad, debe ser la premisa de todo pacto o consenso, ya que, una reforma fiscal consensuada que se enfoque en potencializar los cambios, reformas y transformaciones que necesita la República Dominicana podría incentivar la inversión pública en los sectores eléctrico y energía que promueva la competitividad, agua y saneamiento, seguridad social y pensiones dignas, seguridad ciudadana y reforma policial, transporte eficiente y seguro, vivienda accesible para todos y todas, salud y atención médica universal de amplia cobertura, y por supuesto, educación de calidad