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Los años de la década del 80 del pasado siglo 20 fueron trágicos para el desarrollo de la América Española y el Caribe. La tasa de crecimiento económico fue persistentemente negativa, a tal punto que el nivel de vida de sus habitantes estuvo por debajo de la de los años 70. Por eso, dicha década se denomina la “década pérdida” para el desarrollo social y económico de los países de la región.
El endeudamiento externo acumulado durante años, la recesión de los países industrializados, las altas tasas de interés internacional predominante, y la imposibilidad de adaptarse oportunamente a los cambios globales, fueron las razones para que los países latinoamericanos y caribeños se encontraran al final de la década perdida con la pesada carga de una deuda externa que superaba los 435 mil millones de dólares.
La República Dominicana no fue la excepción. Hacia finales de la década de los 80, nuestro país se encontraba con una deuda externa de más de 4 mil millones de dólares; los precios internacionales de los productos tradicionales en baja y sin expectativas de aumento; y con una tasa de inflación que sobrepasaba los tres dígitos. La sociedad dominicana se encontraba en un periodo crucial de su historia en momentos en que las grandes transformaciones en el orden económico, político y social que se estaban produciendo en el mundo obligaban a todos las naciones a redefinir sus políticas económicas y a trazarse nuevas estrategias para afrontar con éxito los problemas que las afectaban.
La situación de deterioro en que se encontraba el sistema dominicano de instrucción pública era una de las manifestaciones de esta crisis y uno de los factores que contribuían a agravarla. Parecía que no estábamos en condiciones de afrontar la difícil tarea de sacar el país del atolladero en que se encontraba y de conducirlo por el camino del progreso.
La certeza de parte de educadores y de algunos que otros funcionarios públicos, dirigentes empresariales, sindicales y comunitarios, de que la educación es una condición fundamental e imprescindible para el desarrollo y bienestar de la sociedad fue lo que dio origen al Plan Decenal de Educación 1993-2003. Dicha iniciativa contemplaba la eliminación total del analfabetismo; el establecimiento del nivel preescolar; la generalización de la educación primaria; la expansión de la educación técnica; la ampliación de la educación media; la reorganización de la educación superior; la revalorización de la profesión docente; la elevación de las partidas presupuestarias dedicadas al sector educativo; y, la implementación de una nueva ley orgánica de educación en sustitución de la vigente desde los tiempos de la Intervención Norteamericana de 1916.
El Plan Decenal no despertó, en principio, interés alguno de parte del gobernante de turno. Afortunadamente, dicho Plan, como bien lo expresara en su oportunidad el entonces rector del INTEC, Rafael Toribio, “fue capaz de reunir a representantes de distintos grupos sociales, políticos y económicos, en la tarea de elaborar, de manera conjunta, un plan de desarrollo educativo”
En resumen, el Plan Decenal 1993-2003 se constituyó en todo un modelo de planificación colectiva, concebido y desarrollado por cientos de personas bajo las sabias orientaciones del educador costarriqueño Lorenzo Guadamúz. Del mismo cabe afirmarse que fue el de mejores resultados entre todos los planes de reformas de la educación implementados aquí desde la llegada de Eugenio Marías de Hostos al país hasta nuestros días.