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En las décadas de los años ochenta del pasado siglo 20, la instrucción pública de la República Dominicana confrontaba grandes calamidades. Sus índices de calidad revelaban un gran desastre: baja tasa de cobertura acompañada de una alta tasa de deserción; bajo porcentaje de estudiantes promovidos de grado y sobrecogedores índices de sobre edad. Más de 700 mil niños y jóvenes debieron permanecer fuera de las aulas por falta de cupo o por problemas económicos que los afectaban tanto a ellos como sus padres. En las comunidades más empobrecidas del país se había ido perdiendo la costumbre de enviar sus hijos a las escuelas. La educación inicial era un producto muy caro por lo que la cobertura en ese nivel apenas cubría el 20% de la demanda potencial. El 20% de los dominicanos mayores de 15 años no sabían ni leer ni escribir. La escolaridad promedia de la República Dominica apenas alcanzaba los 4 años de educación básica; hecho éste, que se manifestaba en una baja capacidad tecnológica en su población económicamente activa. Como bien lo señaló el entonces Secretario de Educación, Bellas Artes y Cultos, Nicolás Almánzar: “existe una severa crisis educativa. Sería necio y absurdo negarlo, cuando la realidad es más fuerte que el pálido reflejo de lo que escriben sobre la crisis educativa, los especialistas y los formadores de opinión”. ¿Qué evitó el colapso definitivo del sistema dominicano de instrucción pública? El diseño y puesta en práctica del Plan Decenal de Educación 1993-2003 a cargo, no de un individuo en particular, sino de cientos de personas capacitadas y deseosas de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Los candidatos de los principales partidos políticos a ocupar la Presidencia de la República en las elecciones generales celebradas aquí en 1996 acordaron con los comisionados del Plan Decenal de Educación 1993-2003 que quien resultara ganador en esos comicios nombrara como Secretario de Educación, Bellas Artes y Cultos a una persona ligada al sector y muy entendida en materia de educación y de didáctica. El candidato triunfador en esas elecciones, el doctor Leonel Fernández Reina, cumplió con lo acordado.
¿Quién o quiénes fueron los primeros en sugerir un presupuesto para educación equivalente a un 4% del Producto Bruto Interno? El Sistema Dominicano de Instrucción Pública era, y todavía lo sigue siendo, uno de los peores financiados de la América Española y el Caribe. Los gobiernos que se sucedieron en las décadas de los años 90 y en los inicios de la primera del siglo 21, invirtieron en educación un promedio de 2.3% del PBI, en momentos en que el promedio de los gastos en educación de parte de los gobiernos latinoamericanos sobrepasaba con creces el 4.7% del PBI. Ante esa situación, nuestros gobernantes reaccionaban de distintas manera; unos, otorgando al sector de educación montos cada vez más insuficientes; y otros, dejando hacer a los secretarios de Estado del ramo lo que querían y podían para mejorar la grave situación en que se encontraba el sistema dominicano de instrucción pública.
Todo ello, sin analizar los graves problemas a los cuales nos enfrentábamos y sin concertar soluciones de fondo a los mismos. Afortunadamente, al multiplicarse los grupos sociales que demandaban más y mejor educación, aumentaron las expectativas. Lo mismo ocurrió con el financiamiento de las escuelas públicas. Cuando eran pocas y poco también su impacto en las finanzas públicas, sólo a un reducido grupo de personas se le ocurría pensar y sugerir que los gobiernos invirtieran más en el ramo.