La multiplicación de la pobreza, deserción escolar, embarazos tempranos, delincuencia, drogadicción, violencia y prostitución funcionan al calor de disfunciones familiares atribuibles a patrones socio-culturales con déficit de autoridad paterna; un fuego insuficientemente combatido por políticas públicas en República Dominicana.

Localmente la pobreza se mueve en un vicioso círculo que se reproduce de generación en generación así certificado por estudios suscritos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

El país ocupa el 1er. lugar en América Latina y el Caribe en tasa de fecundidad en adolescentes y la posición 26 en el mundo, según estudios del fondo de población de la ONU, un ingreso temprano a la actividad sexual que margina de procesos educativos y productivos a legiones de menores de edad que a su vez colocan en esa misma prematuridad a sus descendencias inmediatas.

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La delincuencia juvenil está categorizada estadísticamente en seguimientos de organismos especializados incluyendo la ONE como fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública y genera atentados a las buenas costumbres. La posesión de drogas y el robo son los principales delitos que cometen los adolescentes en el país, según la Oficina Nacional de Estadística.

Las estadísticas más confiables al respecto y obtenidas con métodos académicos datan de pocos años (inmediatamente anteriores a la pandemia) pero indican que en cientos de detenciones de adolescentes aparecieron un 28% por robos, un 20.64% por drogas, un 10.90% por agresiones físicas y un 9.16% por riñas.

Sin embargo existe el gran reto de fortalecer la obtención de informaciones certificadas en el renglón de los adolescentes en conflicto con la ley. Abundan los ambientes barriales sin frenos en el consumo de alcohol (ni en horario ni en cantidad) bajo el influjo desbordado de géneros musicales que promueven la vida libertina incluyendo adicción a estupefacientes que los Gobiernos no han combatido con amplio alcance.

¿Quién manda?

La antropóloga Tahira Vargas, columnista de este periódico, ha sostenido que el ejercicio de autoridad paterna en el hogar está afectado en República Dominicana porque reduce a muchos hombres a la condición de proveedor en vez de padre. La cultura patriarcal fortalece una masculinidad que se mueve a disponer de múltiples parejas paralelas y a estar en conquistas permanentes. ¡Machismo a ultranza!

«Han existido y existen muchas familias de madres solteras en las que las mujeres son estigmatizadas. En vez de llamarse familias de madres solteras deben ser denominadas familias de padres ausentes». Acusa a esos hombres de no ejercer la paternidad en todos sus ámbitos; una irresponsabilidad paterna que tendría sus raíces en la ausencia de formación de padres. La transmisión infame que ha ido pasando la antorcha de las distorsiones de crianzas de generación en generación.

Sentenciosamente, Vargas proclama que: «La paternidad no se visibiliza en la vida social dominicana. El hombre está excluido de las campañas de prevención de embarazos en adolescencia y de su incidencia sobre el nacimiento de niños y niñas en condiciones vulnerables».

Ha faltado, evidentemente (desde su punto de vista) que el Estado promueva la paternidad integral y responsable con un enfoque de género como parte de los programas de educación sexual y reproductiva así como de erradicación de la violencia de género e igualmente reforzar y visibilizar las buenas prácticas de paternidad con potencial de cambios hacia una «nueva masculinidad».

Asunto de derecho

Una encuesta aplicada por «Enhogar» 2019 encontró que solo un 10% del común de los padres se involucra en el país con roles importantes en la crianza de la primera infancia, mientras el Estado mira hacia otro lado en vez de poner atención a temas como: paternidad ausente, bajo pago de pensiones alimenticias o los problemas que existen para promover la participación de los hombres en los asuntos de familia que dejan atrás después de una separación.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia (Unicef), que se preocupa por el ejercicio responsable de la paternidad en sentido general, ha planteado lo que debe hacerse en República Dominicana para lograrlo: superar las políticas excesivamente centradas en lo materno, lo que significa que se deposita en las madres la responsabilidad principal del cuidado de los hijos. En el país «los hombres dedican mucho más tiempo al trabajo remunerado y las mujeres dedican mucho más tiempo al trabajo de cuidado».

Estudios indican que cuando el padre está involucrado con presencia de calidad en el hogar se produce un impacto benéfico en el desarrollo socioemocional y de la salud mental. Se ha comprobado también que la adolescencia es un período en el que la presencia y guía paternal disminuye los riesgos de consumo de drogas y problemas de sexualidad. «Se trata de algo que podemos mirar desde el punto de vista de los derechos y también desde el punto de vista de la igualdad de género», sostiene la Unicef.

Causas y efectos

La explicación más común que aportan científicos sociales al aumento de los conflictos con la ley en la población adolescente de República Dominicana remite a: fácil acceso a las drogas, falta de oportunidades de empleo, de acceso a la salud, educación y espacios para la cultura y el deporte, además de la desintegración familiar y la impunidad que proviene de la ineficacia de controles policiales y judiciales: asunto estructural.

Al estudiar los factores de riesgo y la violencia juvenil en el país los académicos Edylberto Cabral y Mayra Brea de Cabral atribuyeron la participación en pandillas a la existencia de familias conflictivas con carencia de supervisión adulta. Un paso hacia inconductas precedido de abandono del hogar, la no escolarización, el inicio precoz en actividad sexual, carencia de oportunidades de trabajo y de ascenso social. La cercanía a grupos que ofrecen «incentivos negativos como drogas y alcohol» lleva a sumarse a estilos sórdidos de vida.

En algunos contextos de las familias contemporáneas aparecen otros factores que propician el comienzo temprano de carreras delictivas: la disciplina severa o incoherente, la falta de interacción emocional entre padres e hijos, la falta de comunicación entre los progenitores, los conflictos maritales, el divorcio, el aislamiento social, la depresión o el estrés padecido por los padres. «Un alto porcentaje de delincuentes sexuales juveniles pudieron haber sido víctimas de violencia durante su infancia». Estadísticamente, es elevado el registro de violaciones y agresiones provenientes de familiares cercanos a las víctimas.

La ley ¿Es ley?

El sistema de protección a derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia está basado en una legislación orientada a obligar a los padres de familia a «prestar sustento, protección, educación y supervisión y velar por la educación de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como se ha indicado antes, el rol de los padres en la crianza sigue siendo estadísticamente bajo en el país.

Se colige por un diagnóstico emitido por Unicef, que el Estado dominicano debe mostrar una mayor voluntad política para «avanzar en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres» con programas más específicos. Aboga directamente por la búsqueda, por medios legales, de un balance de obligaciones entre el «trabajo y la familia» con disposiciones más estructuradas contra la paternidad ausente, el bajo pago de pensiones alimenticias, la desigualdad salarial y la ausencia de una buena red de jardines infantiles.

El órgano especializado de la ONU propone ayudar a los padres a «entender que su presencia es importante en todos los momentos de desarrollo de los hijos» y lamenta que el apego y el afecto a los descendientes se consideren atributos exclusivos de las mujeres, siendo tan necesaria la presencia del hombre para construir la personalidad de los vástagos. «Para que, en esos primeros años de vida, las niñas y niños construyan identidades de género basadas en la igualdad».

A pesar de los resultados insatisfactorios en la aplicación de normas sobre las familias, el código de protección contenido en la Ley 136-03 es claro en ordenar a los padres velar por la educación de los niños, niñas y adolescentes; inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto de educación, exigirles asistencia regular a clases y participar activamente en su proceso educativo. Orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes.