Letonia— Lituania, Letonia y Estonia impusieron el lunes sanciones contra 30 funcionarios de Bielorrusia, incluyendo al presidente Alexander Lukashenko, por reprimir las protestas contra las recientes elecciones consideradas fraudulentas.

La decisión surge en momentos en que la Unión Europea planea aplicar sus propias penalidades contra 20 funcionarios bielorrusos acusados de fraude electoral o de represión a la población civil, inclusive a Lukashenko. Los tres países bálticos que anunciaron las sanciones el lunes son miembros de la UE.

“Estamos enviando el claro mensaje de que tales acciones no son aceptables y que los responsables de tales acciones no son bienvenidos en Letonia”, expresó el canciller letón Edgars Rinkevics, al Baltic News Service.

“Hacemos un llamado a la Unión Europea a tomar medidas similares en el breve plazo”, añadió.

Los funcionarios bielorrusos mencionados en las sanciones tienen prohibido entrar en Lituania, Letonia y Estonia, según el documento firmado por los ministerios del interior de esos tres países. La prohibición incluye a funcionarios de presidencia de Bielorrusia, el consejo electoral, los ministerios de interior y justicia y la fiscalía general.

“Incluiremos a otras personas en la lista próximamente”, advirtió el presidente de Lituania Gitanas Nauseda.

“Con estas sanciones, demostramos que tomamos las violaciones de derechos humanos en Bielorrusia con suma seriedad”, expresó el presidente de Estonia Urmas Reinsalu a la emisora BNS.

“Al mismo tiempo, consideramos importante no castigar al pueblo bielorruso”, añadió.

Lukashenko, quien ha gobernado Bielorrusia con mano de hierro por 26 años, ha tenido que enfrentar protestas desde que fue reelegido para un sexto período el 9 de agosto, supuestamente con 80% del apoyo popular. La oposición denuncia fraude, y tanto la Unión Europea como Estados Unidos sostienen que las elecciones no fueron ni justas ni imparciales.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania propuso sanciones contra 118 individuos acusados de la brutal represión de las protestas y 30 acusados de fraude electoral. Los otros dos países bálticos tienen planes similares.