El impacto económico que dejó en el país la pandemia del Covid-19, combinado con el cierre de escuelas y la asistencia insuficiente brindada por parte del Gobierno, empujó a los niños y adolescentes a una situación de trabajo infantil en condiciones peligrosas y de explotación.

La falta de trabajo decente para los padres es otra de las causas principales del trabajo infantil, de acuerdo a lo expuesto ayer por Delci Sosa, delegada de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), al indicar que los menores no tuvieron otra opción más que trabajar para ayudar a sus familias.

Por ello, resaltó la urgencia de que el Gobierno ofrezca trabajos decentes y políticas públicas que realmente apoyen a las familias, principalmente a las madres solteras.

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Apuntó que el trabajo infantil es más alto en las zonas rurales del país, donde los menores se exponen a actividades peligrosas y nocivas para su salud, lo que se suma a que reciban penosos sueldos por los trabajos que realizan. Para Sosa esta realidad expone la necesidad de actualizar las normas para el trabajo infantil establecidas en el código de Niños y Adolescentes.

A pesar de no manejar datos actualizados que permitan medir la incidencia actual del trabajo infantil, Isabel Tejada, delegada de la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS), dijo que han estado demandando al Ministerio de Trabajo realizar otro estudio sobre la situación del trabajo infantil en el país ya que la última data fue hace catorce años.

Las sindicalistas, que hablaron durante un encuentro para la Erradicación Del Trabajo Infantil, proponen al Gobierno invertir en sistemas de protección de la infancia, servicios públicos rurales y medios de vida para los progenitores.

A la vez de recaudar fondos destinados a una organización benéfica orientada a prevenir el trabajo infantil y más acceso a una educación pertinente