La periodista Edith Febles y los abogados Francisco Franco, Ricardo Rojas y Francisco Álvarez trataron el tema

La Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra (Pucmm) realizó ayer un panel sobre la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde expertos, coincidieron en la necesidad de que esa normativa sea modificada, ya que contiene muchas falencias y vulnera derechos de ciudadanía.

En el panel, organizado por la Escuela de Derecho de la referida academia y moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, participaron la periodista Edith Febles, los abogados constitucionalistas Francisco Franco y Ricardo Rojas y el especialista en derecho procesal penal Francisco Álvarez.

La periodista Edith Febles, quien hizo un recuento del proceso de aprobación de la ley en el Congreso, dijo que tiene gran preocupación por la normativa, porque deja abiertas muchas brechas, que terminarán afectando incluso a aquellos que la están promoviendo y defendiendo.

La comunicadora aseguró que la ley es un riesgo para todos los ciudadanos y constituye “un cuchillo para la garganta” de quienes la están activando, que mañana podrían estar fuera del poder.

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El abogado constitucionalista Francisco Franco manifestó que la normativa tiene muchas falencias, porque vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, no establece régimen de sanciones claras y no obliga a la DNI a preservar la información recabada , lo que permite que pueda utilizarse para un propósito y luego ser destruida.

“Tratándose de una materia tan particular y tan sensible, entiendo que son puntos que no debieron dejarse de lado por el legislador”, expresó Franco.

Señaló que la ley concede a la DNI atribuciones que la Constitución confieres de manera específica al Ministerio Publico (MP) a otros organismo del Estado.

De su lado, Francisco Álvarez sostuvo también que la ley que crea la DNI usurpa funciones que son propias al MP, por lo que cree urgente una modificación y no que sea en Tribunal Constitucional que se apreste, a corregir los errores que tiene la controversial normativa.

“Si la ley va al Tribunal Constitucional durará uno a dos año para fallarse, por lo que amerita es que alguien con iniciativa legislativa someta una modificación que resuelva eso pronto”, expuso el procesalista, quien agregó que con esa normativa República Dominicana retrocede en los avances logrados.

Ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión, el experto en derecho constitucional Ricardo Rojas León indicó que aunque esa alta corte emita una “sentencia aditiva” no es suficiente, porque la ley tiene cosa que solo el Congreso puede subsanar, entre que los que citó la creación de un comité nacional de seguridad,

“Si la ley identifica un conjunto de instituciones que tienen que ver con la seguridad, como es posible que no haya en ella una mesa donde todas se sienten para discutir esos temas”, sostuvo Rojas.