La forma en que aumenta la producción de bienes y servicios habla positivamente de la realidad dominicana, siendo de un 5,5% en los primeros siete meses de este año; pero también son expresiones elocuentes los índices sociales adversos que acompañan la expansión en al menos los últimos 25 años, suficientes para que todavía hoy se siga diciendo que a nivel nacional persisten disparidades profundas en el acceso a oportunidades económicas y servicios públicos.

Están tan pendientes como en el decenio pasado progresos esenciales como proveer viviendas adecuadas a la población marginal con acceso al agua potable y con facilidades para el ingreso de la juventud a más empleos y opciones para estudiar. Una medición a abril de este mismo año a cargo de un organismos multilateral vio que las tasas de pobreza son persistentemente altas en las zonas rurales y que las mujeres enfrentan desafíos desproporcionados en todo el país.

A abril del año anterior, en el contradictorio registro de estadísticas nacionales, se destacaba la cifra de que solo el 11.14% de los trabajadores formales del país ganan más de 50 mil pesos mensuales; y gracias a la «magia» de la política, la mayor parte de los empleos mejor remunerados están en un sector público de escaso valor estratégico para elevar el Producto Bruto Interno siendo el Estado el lugar en que alcanzan las bonanzas más fácilmente para compromisarios favoritos.

Una ojeada a los cómputos de la Tesorería de la Seguridad Social lleva a conocer que el costo de la canasta familiar básica ya se coloca en las proximidades de los 38 mil pesos mensuales mientras el salario de la mayoría de la población sigue por debajo del tope indicado para que el ingreso resulte suficiente para vivir decentemente, una satisfacción que tarda en llegar a la comunidad desde el celebrado hinchamiento del PBI.

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Excepciones a la Regla

Curiosamente, y como pista para llegar a los niveles sociales en los que mejor se manifiesta el crecimiento de la economía, un portal especializado en la materia afirmó recientemente que la demanda de autos de lujos alcanza niveles significativos en la República Dominicana: Alfa Romeo, Aston Martin, Land Rover de alta gama, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Mclaren, Mercedes Benz «son algunas de las ostentosas marcas que se lucen en las calles de nuestro país» (Yacarros.com).

En los registros de Impuestos Internos, solo disponible hasta el 31 de diciembre del 2020, se logra ver que hasta esa fecha había registrados en el país 72,536 vehículos considerados de lujo y aunque un especialista admite que no se trata de una cifra muy elevada, «expone un componente importante en términos de participación de mercado», en un país en el que el 55,8% de la gente a la que no llegan los ingresos grandes se mueve vehicularmente en motocicletas, inmensamente más peligrosas que las máquinas de elevado costo y cilindrada.

Son paliativos

Fuera de que había que hacerlo por el efecto de la pandemia sobre la sociedad, el actual Gobierno hizo crecer considerablemente el asistencialismo que el año pasado andaba por los RD$471,553 millones de pesos, con una dinámica de ascenso parecida a la que manifiestan algunos entes productivos en aportes al PBI pero por una causa diferente: las necesidades de un amplio sector de la comunidad en esta parte de la isla también experimentan crecimiento.

Este país caribeño, que es uno de los de más conspicua generación de bienes y de ascendente movimiento de valores monetarios, es al mismo tiempo el que ocupa el tercer lugar entre 16 naciones de América Latina en cuanto a montos transferidos mensualmente para combatir los efectos de la pobreza que por ser de tan pesarosa manifestación amerita toda clase de remedios.

El presupuesto de este año contempla que la asistencia social llegue a 730 mil familias o más de tres millones de habitantes para lo cual el Gobierno dispuso que más de 14 mil millones de pesos sean transferidos de sus fines presupuestales originales a otros capítulos en «atención a los requerimientos de gastos para subsidios sociales», según el proyecto de ley enviado al Congreso para la modificación, lo que supone un mayor volumen de recursos públicos para fines asistenciales no productivos.

Un vuelco de más dinero para pagar sueldos y servicios que no siempre se dirigen a promover el desarrollo, y para hacer crecer las alforjas de un presidente itinerante y apresurado en invertir en sus conciudadanos más necesitados al tiempo de hacerlo en su propio prestigio personal como hacedor exprés que le conceda la categoría de la mejor alternativa para resolver los problemas del inmediatismo populista que agobian a comunidades dispersas.

La reingeniería que aumentará grandemente los haberes del Poder Ejecutivo incluye reducir los fondos estipulados para el Ministerio de Educación, de cuya insuficiencia en resultados logrados por la enseñanza pública hasta este año se escandalizó el nuevo titular Ángel Hernández al que nos atrevemos a interpretar como diciendo: «me han entregado un cuerpo enfermo al que tendré que transferir mucho suero de emergencia». Recortarle lo programado habría llegado en el peor momento.

La transfusión de recursos contante y sonante «no ha sentado bien» como expresó este diario en su página 2 de la edición del jueves a partir del criterio de que la conquista de destinar el 4% del PBI a la educación nacional es un mandato de la ley «que no debe ser violado; debe ser sagrado». Además este periódico sentenció: «en materia educativa en nuestro país nada sobra. Al contrario: falta mucho por hacer».