Caracas – El Parlamento venezolano -de mayoría opositora- denunciará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por una serie de fallos que, asegura, bloquean el trabajo legislativo. «Las sentencias (del TSJ) las vamos a enviar a la OEA y demás organizaciones internacionales», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, en rueda de prensa.

El dirigente señaló que la Sala Constitucional del TSJ ha emitido 17 dictámenes contra decisiones del Legislativo, desde que la oposición asumió su control el pasado 5 de enero tras 17 años de hegemonía chavista.

El más reciente de esos fallos, añadió, se produjo este martes cuando la corte echó por tierra la decisión parlamentaria tomada la semana pasada de anular el nombramiento de los jueces del TSJ, por parte de la anterior mayoría oficialista. Según el máximo tribunal la designación «conserva su total validez» y ratificó a los jueces.

La oposición ha ventilado varias denuncias contra el gobierno en la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, respalda el referendo revocatorio que ésta impulsa contra el presidente Nicolás Maduro. Ramos Allup insistió en acusar a la corte de ser el «bufete jurídico» del Ejecutivo y de actuar «reiteradamente como ariete para neutralizar a la Asamblea Nacional».

El diputado sostuvo que el tribunal violó el debido proceso con «una sentencia express» sobre la designación de los magistrados. A su juicio, el TSJ «ha debido citar a las partes cuya decisión iba a ser anulada».

También aseguró que el Legislativo insistirá en los próximos días en la designación de un comité de postulaciones para elegir nuevos magistrados, independientemente de la sentencia del TSJ que llamaba a acatar su decisión.

El asambleísta destacó «el contraste» entre el breve tiempo tomado por el TSJ para dictar sentencia contra la invalidación de los magistrados y la tardanza en el caso de tres parlamentarios opositores del estado Amazonas (este), suspendidos luego de que el chavismo impugnara su elección. «En 48 horas despachan esta decisión (…) en tanto que en el caso de los diputados de Amazonas vamos para seis meses y no deciden nada», señaló el legislador.