París. AFP. Los diputados franceses examinarán esta semana un proyecto de ley que prevé penas para los clientes de prostitutas, en nombre de la lucha contra la violencia de género, un texto que ha provocado ásperos debates.
El proyecto presentado por la ministra de los derechos de las mujeres, la socialista Najat Vallaud-Belkacem, prevé multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, suma aumentada al doble en caso de reincidencia, un «cursillo de sensibilización» como alternativa al procedimiento judicial y la supresión del delito de incitación pública que podía aplicarse hasta ahora a las prostitutas.
El texto apunta asimismo a luchar contra el proxenetismo, y propone medidas de reinserción en favor de las prostitutas, incluyendo la provisión de vivienda, ayuda financiera y facilitar la obtención de un permiso de estadía para las extranjeras.
Pese a ello, la parte represiva de la ley hizo reaccionar a feministas y a celebridades, como la actriz Catherine Deneuve.
El debate concierne en particular la legitimidad de los poderes públicos para legislar sobre un tema de orden privado, pero también respecto a la idea de que las prostitutas son víctimas de redes mafiosas.
Enarbolando pancartas con el lema «clientes penalizados = putas asesinadas» y gritando «somos putas, estamos orgullosas» y «el Partido Socialista es la guerra», varias centenas de prostitutas se manifestaron en París en octubre.
Distribuidas por el Sindicato del Trabajo Sexual (Strass), las octavillas repartidas por las manifestantes explicaban que la «penalización de los clientes es una medida perniciosa que pondrá en peligro la salud, la seguridad y la vida» de las prostitutas. Según el ministerio del Interior, hay 20.000 prostitutas censadas en Francia.
En un país apenas repuesto de otro debate relativo a la sexualidad, el del derecho de los homosexuales al matrimonio, los partidarios y los adversarios de la penalización de los clientes de prostitutas se enfrentan a través de cartas abiertas y peticiones, a veces provocadoras, sobre un tema tabú que alimenta fantasmas desde siempre.
«¡No toques a mi puta!». Bajo el título «¡No toques a mi puta!» (que parafrasea el lema antirracista ‘¡No toques a mi amigo!’) un grupo de opositores al proyecto lanzó una petición, en la que sostiene que «cada cual tiene el derecho de vender libremente sus encantos, e incluso de que eso le guste», y rehúsa que los «diputados dicten normas sobre sus deseos y placeres».
Otra provocación, los hombres que lanzaron esa petición se autodenominaron los «343 golfos», provocando la ira de las feministas, ya que aluden con ello al manifiesto de las «343 golfas», publicado en 1971 en favor del aborto libre y gratuito y firmado por 343 mujeres, en su mayoría intelectuales, artistas y científicas famosas. Todas ellas afirmaban que habían abortado en una época en que el aborto era delito en Francia.
«Las 343 golfas reclamaban en su tiempo poder disponer libremente de su cuerpo. Los 343 golfos reclaman el derecho de disponer del cuerpo de los otros. Creo que esto no merece ningún otro comentario», les respondió la ministra de los Derechos de la Mujer.
Unas 60 celebridades, entre las cuales la actriz Catherine Deneuve, el exministro de Cultura Jack Lang y el cantante Charles Aznavour condenaron también el proyecto de ley, aunque sin «promover la prostitución», y reclamaron un verdadero debate «sin prejuicios ideológicos».
La filósofa feminista Elisabeth Badinter, también opuesta a la idea de la penalización de los clientes, estimó por su parte que «el Estado no tiene por qué legislar sobre la actividad sexual de los individuos».
Considerando que la voluntad de sancionar a los clientes es «una declaración de odio a la sexualidad masculina», la filósofa explicó que las «mujeres que quieren penalizar el pene describen la sexualidad masculina como dominadora y violenta».
«Tienen una visión estereotipada muy negativa y moralizante que yo rechazo», añadió. La ministra de Salud, Marisol Touraine, replicó que «el feminismo no es aceptar que la gran mayoría de las mujeres prostitutas sufra violencia y explotación diariamente, por el hecho de que haya un pequeña minoría que puede disponer de su cuerpo al prostituirse».
Por su parte, asociaciones de ayuda a las prostitutas denuncian un proyecto «contra las putas» sin ninguna medida social. Un manifiesto firmado por unas cien asociaciones recalca que sancionar a los clientes «acentuará la precariedad y la clandestinidad» de las prostitutas.