EFE 
Caracas.- La Asamblea Nacional (AN, unicameral) de Venezuela, controlada por los opositores al Gobierno, decidió hoy abrir una investigación sobre la situación de las empresas y propiedades que fueron expropiadas por el Ejecutivo venezolano durante los últimos años.
El Parlamento decidió que, a través de la comisión de Finanzas de la AN, “se investiguen la expropiaciones de fincas, empresas y agroindustrias, para saber el estatus actual y comparar los niveles de productividad antes y después de la expropiación”, señala el texto aprobado con el voto de los opositores.
Asimismo, solicitó comparecer “en su seno al presidente de Agropatria, Yvan Gil; a los ministros de Agricultura, Wilmar Castro; de Agricultura Urbana, Lorena Freitez; y Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario».
Agropatria es la empresa estatal creada tras la expropiación de Agroisleña, fundada por españoles procedentes de las Islas Canarias y que se convirtió en el principal centro de financiación para pequeños agricultores de Venezuela.
Antes de la expropiación, Agroisleña era la principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país.
Según datos registrados por el Consulado General de España en Caracas hasta 2013, las autoridades venezolanas expropiaron 106 fincas agrarias y otras 46 urbanas e industriales a ciudadanos españoles.
La oposición ha insistido en que las expropiaciones que ha hecho el Gobierno a propietarios de tierras agro-productoras son el “fracaso del Estado productor”, cuyas plantas, aseguran, no operan o trabajan por debajo de su capacidad.
Según datos de la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, desde 1998 hasta 2013 las empresas expropiadas reportadas dentro de los sectores que controla se elevaron a 1.190.
