Participación Ciudadana informó en su evaluación del año 2022 que el final del año encuentra a la sociedad dominicana con un severo retraso en la aprobación de las reformas sometidas al CES desde el 2020.

El 2022 estuvo marcado por importantes acciones que indican avances en el trabajo de los órganos de control interno del gasto público, pero lentitud de los procesos judiciales, junto a cuatro sentencias en casos de corrupción, han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no estén a la altura del reclamo nacional de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La entidad no partidista expresó que se mantiene el temor de la ciudadanía frente a la delincuencia, mientras son pocos los que se sienten seguros y confiados con el trabajo que realiza la policía.

Destaca que en el 2022, la economía dominicana ha resistido los factores adversos internacionales, manteniendo un fuerte crecimiento con estabilidad.

En su informe de evaluación del año 2022, expresa su preocupación por la falta de voluntad que muestra la dirigencia política y los legisladores frente a las necesarias reformas que requiere el país.

Señala que es una pena que, en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes, que todo el mundo reconoce como necesarias, el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas con relación a la migración haitiana. De igual modo, en planteamientos contrarios a la institucionalidad.

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Un ejemplo claro de esta situación, dice el informe, lo constituye lo que ha pasado con las propuestas de reforma a las Leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19 de Régimen Electoral.

Deplora que a pesar de las promesas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el 2023 encontrará al país con las mismas leyes que mostraron una gran cantidad de debilidades y falencias en las pasadas elecciones.

Cree que todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con dos leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa.

En cuanto a corrupción, PC denunció en varias ocasiones los intentos de minúsculos grupos que, mediante campañas en las redes y a través de algunos medios de comunicación, han pretendido detener las acciones que ha enumerado, con el claro propósito de proteger a intereses particulares que se benefician de la ausencia de controles.

Estima que fueron notables los ataques a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General.

Lamenta que la lucha contra la corrupción se haya ralentizado, principalmente por la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, con excesivo tiempo en las posposiciones.

Las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la justicia por parte de imputados que cuentan con recursos para obstaculizar los procesos.