El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, presentó hoy el balance sobre los hechos que marcaron el año 2018 en la República Dominicana.

A continuación el balance íntegro:

1. Precariedades institucionales y políticas

Las precariedades institucionales dominaron el escenario nacional durante todo el año, con el fantasma de la reelección distrayendo la atención de las autoridades y la sociedad y alentando una severa crisis en el partido gobernante. Una prematura precampaña de varios aspirantes del partido oficial se produjo en desafío a la Ley y reglamentos que establecen restricciones para evitar los excesivos gastos y abuso de recursos públicos.

Como elemento positivo del año se pueden mencionar la aprobación de una Ley de Partidos discutida por dos décadas, que marca algunos avances importantes, sobre todo al postular la transparencia y límites del financiamiento y promover la paridad de género, aunque terminó con varios preceptos de cuestionada constitucionalidad, sometidos al dictamen judicial, algunas inequidades y con un pobre régimen de sanciones que no disuade las violaciones. Al final del año, el Consejo Nacional de la Magistratura realizó una renovación parcial de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, reduciendo el secuestro partidario de ese organismo.

Mientras la presidencia incrementa sus gastos y reparte cada vez mayor cantidad de recursos a título personal del Presidente, se mantiene congelada o en reducción la proporción presupuestaria a la Justicia y el Ministerio Público, así como a la salud pública y a múltiples entidades estatales. El poder municipal recibe menos del tres por ciento de los ingresos nacionales, aunque su ley orgánica dispone el diez. El presidente reparte hasta el dinero que la ley ordena entregar a los municipios donde hay explotación minera, que apenas reciben la décima parte de lo que les corresponde.

Por su parte, el Congreso Nacional siguió subordinado al Poder Ejecutivo, aprobando préstamos y presupuesto sin mayores ponderaciones y negado a cumplir sus funciones de fiscalización. Esto último quedó demostrado en la negativa de la Cámara de Diputados a investigar los contratos de publicidad y asesoría política por más de 1,300 millones de pesos, otorgados por el gobierno a dos empresas de los asesores políticos del presidente Danilo Medina: Joao Santana y Mónica Moura. La mayoría oficialista rechazó varias veces la petición de crear una comisión de investigación demandada en base a una certificación de la Contraloría General de la República obtenida por la diputada Faride Raful.

Mónica Moura y Joao Santana.

Estudios y encuestas publicados en este año, muestran una alarmante caída de la credibilidad en las instituciones democráticas nacionales. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo aparecen, junto a la Policía Nacional como las cuatro instituciones con menor credibilidad.

Se avanzó este año en la implementación del Programa Nacional de Regularización de Extranjeros, con la flexibilización de requerimientos que no habían podido cumplir más del 90 por ciento de unos 240 mil solicitantes. Sin embargo, prevalece mucha opacidad en los términos y las metas alcanzadas. Aunque las autoridades han deportado a decenas de miles, un lucrativo tráfico humano prosigue en la frontera, sin que se tenga información de que las autoridades hayan comenzado a exigir a los empleadores que no contraten a inmigrantes sin la documentación correspondiente.

Varios incidentes en la franja fronteriza afectaron la seguridad de ciudadanos dominicanos y haitianos y el intercambio comercial, con repercusiones negativas para productores nacionales y poblaciones como Pedernales y Dajabón.

2. Corrupción e Impunidad

El 2018 no registra ningún avance significativo en el compromiso del gobierno dominicano y del presidente Medina de combatir la corrupción y la impunidad. Por el contrario, además de mantener las mismas tendencias de años anteriores, crece la percepción de aumento de la corrupción y no se produce ninguna condena importante.

Así lo muestran los distintos estudios de organismos multilaterales publicados este año, entre los que se destacan: The Economist, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Latinobarómetro, Oxfam, Barómetro de Las Américas y el índice de Transparencia Internacional.

El caso más importante de corrupción en el 2018 sigue siendo el de Odebrecht, debido a que la Procuraduría General de la República presentó un expediente que contiene unos pocos acusados, excluyó todo el periodo de gobierno del presidente Medina, no ha presentado las auditorías de obras que, de acuerdo a confesión de la empresa, fueron sobrevaluadas en más de un 20 por ciento. Tampoco se han investigado las denuncias y querellas sobre la intervención de esa empresa en el financiamiento de campañas electorales en el 2012 y 2016, especialmente sobre el papel que jugaron Joao Santana y Mónica Moura en las campañas del presidente Danilo Medina.

El país sigue siendo el único que no tiene un solo preso por el escándalo Odebrecht, a pesar de ser el que encabeza el monto de sobornos, según confesión de la misma empresa. La Cámara de Cuentas tampoco informa sobre los avances en la evaluación de las 17 obras, para verificar y ventilar las sobrevaluaciones.

Los escándalos de corrupción acumulados en los últimos años y con expedientes en la justicia no registraron avances en el 2018. Entre estos se destacan: el escándalo de la Plaza de la Salud Dr. Luis E. Aybar; la responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio en el abusivo precio de paridad de importación del GLP, donde el gobierno se apropió el enorme excedente desde finales del 2017 y no investigó a quienes se enriquecieron sobrevaluando el costo de los combustibles; el nepotismo y el clientelismo se mantienen en el CEA; también se reveló una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores con 225 botellas políticas del partido presidido por el canciller, por un monto mensual superior a los 18 millones de pesos. También se informó que, en los últimos cinco años, la Cámara de Diputados gastó más de 170 Millones de pesos en viajes, viáticos y dietas.

Mochilas Lucía Medina

El escándalo de las mochilas del MINERD, que involucró a la diputada Lucía Medina, constituye otro ejemplo de captura del Estado. Investigaciones periodísticas mostraron la cantidad de recursos que recibe la legisladora, hermana del presidente de la nación, de diferentes instituciones del Estado, con los cuales mantiene una promoción personal permanente.

En las postrimerías del año, las autoridades judiciales anunciaron el desmonte de una mafia en la Jurisdicción Inmobiliaria, con la acusación de corrupción a 17 personas, expresada en diferentes modalidades, como mediciones de terrenos de manera inadecuada, robo de propiedades y asignaciones fraudulentas.

3.- Justicia y Derechos Humanos

La justicia siguió en retroceso durante el 2018, sin que muchos casos escandalosos pudieran superar la fase de la audiencia preliminar, resaltando el de Odebrecht a dos años de su estallido, en vísperas de la Navidad del 2016.

En este año la justicia continuó sin dar respuesta al expediente contra los exmagistrados del Consejo Superior de Justicia, Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, como si no fuera posible que los jueces pudieran juzgar a sus ex colegas. En este caso, la audiencia preliminar lleva más de cuarenta aplazamientos.

Lo mismo ha ocurrido con el escándalo de corrupción más grave de toda la historia de la República Dominicana, el de Odebrecht, que tampoco ha podido avanzar de la audiencia preliminar, envuelto, no sólo en decenas de incidentes de los acusados, sino en una actitud permisiva de la Suprema Corte de Justicia, en violación a los procedimientos establecidos para la agilización de los procesos.

También sigue trabado en los tribunales otro emblemático caso de corrupción, el de los aviones Super Tucanos, a pesar de la responsabilidad admitida por la empresa Embraer y de que se llegó a un acuerdo con ésta para un juicio penal abreviado, a fin de que fuese condenada a una multa. Otros casos de corrupción de gran relevancia no han podido alcanzar siquiera la audiencia preliminar, como la venta del barrio de los Tres Brazos. Luego de medidas de prisión preventiva contra los imputados, les fueron variadas y permanecen en libertad aguardando el inicio de una acusación que se dilata de manera sospechosa.

En similar situación está el escándalo de las ventas irregulares de terrenos del CEA bajo la Dirección Ejecutiva de José Joaquín Domínguez Peña, lo cual ocasionó la muerte de tres personas en San Pedro de Macorís.

Otro caso que está estancado, a pesar de que involucra un asesinato, es el de la OMSA y su anterior director Manuel Antonio Rivas. Se debe recordar que detrás del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, se encuentran hechos de corrupción cuya información era manejada por éste y a quien un grupo de criminales amparados en esa institución le quitó la vida para que no hablara.

Por el lado del Ministerio Público no ha sido un buen año, no sólo por el estancamiento de los principales casos de corrupción, sino, además, por la forma en que se llevó a cabo el concurso público para renovar las posiciones en distintas fiscalías del Distrito Nacional y otras 21 provincias, además de las especializadas, sin que el Consejo Nacional del Ministerio Público cumpliera con lo que manda su propia ley.

4.- Gran preocupación por la inseguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos años uno de los temas centrales de preocupación de la ciudadanía dominicana, ratificándose en el año 2018 por los índices de criminalidad y violencia armada. Los esfuerzos de diferentes instituciones han sido insuficientes. Se mantienen elevados índices de violencia y victimización que reportan las estadísticas oficiales y las instituciones defensoras de los derechos humanos. En el 2018, las estadísticas oficiales registran una tasa de homicidio de 13.44 por cada 100 mil habitantes.

A esto se suman las decenas de mujeres asesinadas por violencia de género. La ciudadanía vive un estado de temor y este aparece en las encuestas entre los dos principales problemas nacionales.

Un elemento positivo fue la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, a 38 nuevas comunidades.

5.- Crecimiento económico con endeudamiento

El 2018 se caracterizó por la continuación de la política fiscal expansiva que ha llevado la deuda consolidada del Estado Dominicano a más de US$43,000 millones. Al inicio del año fueron colocados US$1,800 millones en bonos en los mercados internacionales. En el mes de julio el Ministerio de Hacienda recurrió nuevamente a los mercados internacionales con una emisión de bonos por un monto de US$1,300 millones.

El nivel actual de endeudamiento representa un crecimiento acumulado cercano al 33% en los últimos cinco años. Como resultado de este proceso de endeudamiento, el gasto en intereses del gobierno dominicano continúa siendo el segundo más importante dentro del presupuesto, luego de educación y por encima de salud pública.

Un hecho a destacar en el 2018 fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Desde el punto de vista comercial, el establecimiento de relaciones con China no representará una mejoría a corto plazo en las exportaciones dominicanas, puesto que el país no termina de realizar avances que mejoren la competitividad por medio de políticas públicas que fortalezcan las instituciones económicas y reduzcan aquellos costos que encarecen la producción en el país.

En el 2018 el turismo, zonas francas y remesas provenientes del exterior fueron los renglones de mayor generación de divisas. En cambio, las exportaciones nacionales continuaron mostrando un rezago.

Con relación al mercado de trabajo, en el 2018 continuó la informalidad laboral con tasas superiores al 58% del empleo total. Los desocupados, desalentados y sub ocupados de la economía mantuvieron una tasa cercana al 16% de la fuerza de trabajo. Ambos factores, junto a los bajos ingresos generados por la poca competitividad de la economía, obstaculizan la movilidad socioeconómica de la ciudadanía. De igual forma, dificultan la posibilidad de los trabajadores de cotizar a la seguridad social para un retiro digno al final de sus vidas productivas.

6.- Movimiento social y articulación política

Durante el año 2018, siguió creciendo la inquietud en la sociedad dominicana por los graves problemas acumulados, especialmente por el incremento de la deuda pública que amenaza la sostenibilidad fiscal, por la corrupción y la impunidad, y por las deudas sociales acumuladas.

Marcha Verde.

El movimiento Marcha Verde se mantuvo activo demandando el fin de la corrupción y la impunidad y registró en agosto la mayor concentración ciudadana de la historia del país, cuando más de 150 mil personas marcharon hasta el Congreso Nacional.

Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Bonó, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Participación Ciudadana y otras, mantuvieron activa la defensa de la institucionalidad democrática, enfrentando los intentos de crear condiciones para volver a modificar la Constitución de la República en aras del continuismo en el poder y promoviendo la independencia de los poderes públicos, especialmente de la justicia, así como de la reforma del régimen electoral.

También se produjeron protestas y movilizaciones sociales en gran parte del país, especialmente en la región del Cibao, Este año surgieron nuevas iniciativas ciudadanas que buscan crear condiciones para las reformas políticas que permitan real competencia en las elecciones del 2020 y así reducir el monopolio del poder. Se destacan el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Conciencia Ciudadana y la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo. Mientras en instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Asociación Dominicana de Profesores, se rompió la dominación del partido político hegemónico.