Los partidos de oposición firmantes de la presente declaración consideran inaceptable la reciente recomendación de la Cámara de Cuentas (CC) a la Junta Central Electoral (JCE) para que pague a la empresa INDRA Sistemas S.A. la suma de 13 millones de dólares remanentes del contrato de suministro firmado el 5 diciembre de 2015.

En su informe, la CC desestima olímpicamente los incumplimientos contractuales de la firma citada, reflejados en el hecho de que una buena parte de los equipos para escanear, registrar y transmitir datos e imágenes electorales nunca funcionaron y, por el contrario, produjeron graves perjuicios a todo el proceso electoral, hasta el punto de que numerosos organismos internacionales independientes calificaron como un “desastre” las pasadas elecciones.

En dicho documento, la Cámara de Cuentas evadió referirse a los aspectos fundamentales que deberían servir de base para determinar si la JCE le debe a INDRA o si por el contrario es la empresa INDRA la que debería indemnizar a la Junta por daños y perjuicios derivados de la inoperancia de sus suministros.

Una cuidadosa revisión del contrato firmado entre la JCE y la empresa INDRA el 5 de diciembre del 2015, incluyendo su calendario de entregas y de pagos, así como las notables fallas de control y auditorias técnicas en la recepción y “aceptación conforme” de los suministros, sugieren que la Cámara de Cuentas debió realizar no solo un análisis contable o financiero de la evolución de cobros y pagos, sino también de los fundamentos de la deuda, es decir cantidad, calidad y desempeño de los productos según fueron denunciados por el propio contratante, la JCE.

De igual manera, las graves fallas de miles de los equipos comprados, plenamente recogidos en el Informe Técnico del Departamento de Informática de la JCE indicaban que a INDRA no le corresponde cobrar los 13 millones, sino indemnizar a la JCE devolviéndole los casi 27 millones de dólares recibidos anteriormente.

En virtud de lo indicado, los partidos políticos firmantes de la presente declaración reiteran a la Junta Central Electoral la necesidad de que se ordene una auditoría completa del proceso de licitación, contratación y desempeño de los más de 50 mil equipos comprados por la extraordinaria suma de 39.7 millones de dólares, equivalentes a mil 865 millones 900 mil pesos (RD$ 1, 865,900, 000).

Por último y dada la gravedad de los daños provocados al proceso electoral, reiteramos la solicitud a la JCE de que esta recurra en demanda contra la empresa INDRA por incumplimiento de contrato y por daños y perjuicios.