Por Magdalena Lizardo Espinal
Grupo de Consultoría Pareto, Intec

Tras un largo proceso de gestación, el Gobierno ha presentado el proyecto de Ley de modernización fiscal, que está siendo motivo de intensos debates. Aunque se reconoce la necesidad de una reforma fiscal, su implementación es políticamente compleja y debe equilibrar diversos intereses. Se percibe que las familias enfrentarán mayores costos en alimentos y servicios, además de ingresos reducidos por el aumento de impuestos. Las empresas argumentan que la eliminación de exenciones afectaría sectores clave y debilitaría la creación de empleos.

Por otro lado, recientemente se aprobó una Ley de Responsabilidad Fiscal que reduce el gasto primario del Gobierno. La intención es reducir la deuda del sector público no financiero desde 46.5%, en 2024, a 40% en 2035, y mejorar las condiciones de financiamiento. Cumplir esta ley será difícil sin aumentar la presión tributaria porque obliga a recortar la inversión pública a niveles críticos. El Presupuesto de 2025 ya estableció una inversión de 2.2% del PIB, muy por debajo del 4% mínimo deseado, y el Marco de Gasto 2026-2028 prevé que se mantendría igual en el futuro previsto.

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La situación plantea un gran dilema, pero la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ofrece pautas para resolverlo. La ley exige un pacto entre las fuerzas políticas, económicas y sociales para definir un proceso gradual de cambios que trascienda una sola gestión. La transición hacia una estructura tributaria más eficiente, transparente y equitativa debe facilitar la adaptación de consumidores y empresas, lo que podría incluir establecimiento de tasas impositivas diferenciadas. Además, el aumento en las recaudaciones debe ir acompañado de mejoras en el gasto público para mitigar los efectos en los ingresos familiares y la productividad empresarial.

La pregunta clave es si la propuesta del gobierno es suficiente para asegurar los recursos necesarios para financiar el desarrollo y, si no lo fuera, o qué más se debe hacer. La respuesta corta es que estamos a mitad del camino y se necesitan acciones más firmes. Un área crítica es la eficiencia del gasto. Un estudio del Banco Mundial en 2018 identificó 105 entidades públicas en asistencia social; aunque algunas fueron fusionadas o eliminadas, aún hay margen para mejorar. También se recomienda que el Ministerio de Hacienda sea el único emisor de deuda y que se recapitalice el Banco Central, que recibiría RD$57 mil millones en 2025 si se aprueba la reforma fiscal. Es crucial definir el alcance y la duración de la recapitalización y cómo se gestionará la deuda pública para reducir su costo.

El Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-2028 muestra que el subsidio eléctrico seguirá alto, alcanzando el 1.0% del PIB en 2025-2026.

Con los ingresos de la reforma fiscal, el gobierno planea invertir RD$18 mil millones anuales en el sector eléctrico, pero es esencial contar con un plan transparente para reducir pérdidas y el subsidio generalizado, ampliar Bonoluz y racionalizar tarifas. Está también pendiente atacar la ineficiencia en los servicios de agua potable: en el Gran Santo Domingo, 72% de la población no paga el servicio y se pierde 60% del agua producida.

La eliminación de exenciones es un punto crítico en la reforma tributaria. Se requiere que el Código Tributario incluya criterios claros para otorgarlas y reducir su impacto en la erosión de la base imponible. Es necesario condicionar las exenciones a la contribución de las empresas al desarrollo, en aspectos como creación de más y mejores empleos, adaptación al cambio climático, desarrollo territorial y transición tecnológica. Es fundamental garantizar la transparencia, el monitoreo, la evaluación de estos incentivos, su limitación temporal, sanciones por su mal uso y el respeto a los derechos adquiridos.

El debate sobre la Ley de Modernización Fiscal es una oportunidad para establecer las condiciones para llegar a acuerdos mínimos que permitan un pacto fiscal entre Gobierno, partidos, empresas y ciudadanía. Aunque no hay una crisis inminente, depender del endeudamiento para financiar el desarrollo es cada vez más riesgoso y costoso.

El gobierno podría comprometerse a actuar dentro de un marco fiscal transparente, estableciendo mecanismos para que la ciudadanía identifique las causas de posibles desvíos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y la inversión pública. Los partidos podrían adoptar los acuerdos como políticas de Estado, y las empresas que reciben incentivos deberían rendir cuentas sobre su contribución al desarrollo. La ciudadanía debe cumplir con su obligación tributaria según su capacidad de pago. Aunque la administración tributaria necesita mejorar su capacidad recaudatoria, debe evitar actuar de forma arbitraria o vulnerar derechos de los contribuyentes.

En resumen, seguir el mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo puede ayudar a construir los consensos necesarios para asegurar recursos de manera previsible para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Este es el objetivo central de ese acuerdo social.