No quisiera ser mal pensado a pesar de que, por todo lo visto y oído en estos largos años de ejercicio, tengo razones para esperar lo peor cuando las instituciones se investigan a sí mismas.

Y es que tengo la impresión de que la pesquisa para determinar quién borró la data del teléfono del periodista del Listín Diario que acompañaba al Defensor del Pueblo cuando fueron agredidos en el Canódromo por personal de la Digesett, le ocurrirá lo mismo que a la que prometió identificar a los miembros de la Policía que subieron a las redes la foto del cadáver de Reinaldo Pared Pérez.

Tan “profunda” fue aquella investigación que esta es la hora en que la verdad no ha podido salir a flote, lo que puede volver a repetirse a pesar de que el presidente Luis Abinader advirtió que esa acción debe tener consecuencias

Y debe tenerlas porque, como bien señaló ayer Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, es el hecho más grave que en los últimos años ha pasado en República Dominicana respecto a la libertad de prensa, sobre el que ya expresó su condena la siempre atenta SIP.

Pero de algo malo, como pasa tantas veces en la vida, puede salir algo bueno.

Según el director del Intrant, Rafael Arias, el incidente servirá para acelerar la solución a las denuncias de irregularidades en perjuicio de propietarios de vehículos que han sido retenidos, pues el presidente Abinader designó una comisión integrada por la Contraloría General, el Defensor del Pueblo, Interior y Policía, la Digesett y el propio Intrant, cuyos miembros ya están trabajando en el diseño de un protocolo de entrega de los vehículos retenidos.

Son buenas noticias, sin duda, y por la forma en que se expresó el funcionario parecería que hay que darle las gracias a los protagonistas del lamentable episodio por hacernos el favor. Menos, claro está, a quien borró la data –o dio la orden de hacerlo– del teléfono del Listín Diario, si es que algún día llegamos a conocer su nombre y su rango.