Quienes desde su decepción por los resultados de las elecciones del pasado domingo han calculado el índice de abstención en un supuesto 53% o más para insinuar una temeraria carencia de legitimidad cometen la inaceptable omisión de basarse en un tamaño del padrón electoral que no corresponde, pues no restan a los 870,000 inscritos en el exterior y sin derecho a sufragar. Excluidos estos, queda confirmado al menos con provisionalidad hasta que lo certifique formalmente la JCE, que a las urnas acudió el 52.2% de los dominicanos con derecho al voto y presencia en el territorio nacional y que solo no lo hizo el 47.82%. Proporciones que desde todo punto de vista tienen que ser aceptadas como irrefutable expresión de la voluntad popular, aun cuando se cometieran irregularidades con perfil de excepcionales y cuya valoración y peso para restar validez a la consulta corresponde a instancias de absoluta confianza que están abiertas a todas las objeciones posibles.
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Acudir a la carrera a distorsiones hiperbólicas en pretensión de aparecer ante la opinión púbica como contendientes victimados por absurdas teorías de conspiración está desautorizado más que nada porque la participación en las pasadas elecciones municipales apenas se apartó un poco del promedio (52.8%) que arrojan estos eventos separados de las presidenciales. Debe impedirse desde la opinión pública que sofismas contrarios a la realidad de lo ocurrido el 18 de febrero prosperen destructivamente contra el muy idóneo sistema electoral.