Cuando las compuertas del clientelismo hicieron del dinero fuente de legitimidad política, el nivel de enloquecimiento de la clase partidaria alcanzó niveles de irracionalidad sin precedentes. Lo superficial creó un barniz de validación al ejército de aspirantes, dándole sentido y razón de ser a buscar los recursos para concretizar la condición de alcalde, regidor, diputado, senador y presidente. Los recursos económicos aumentaron, y con la complicidad del líder, los recaudadores se hacían ministros y funcionarios, con enorme capacidad de compensar sus bolsillos, garantizar un colchón financiero a su jefe y alzarse con espacios institucionales en el partido, presumiendo niveles de protección. Y siempre, el ojo ciudadano alarmándose por los olímpicos saltos patrimoniales. Una generación de políticos, hicieron su transformación desde los puestos públicos. Abandonaron sus conceptos ideológicos iniciales con niveles de movilidad que borraron de inmediato los estilos modestos y sin estridencias. Ya lo importante eran los resultados, y para conseguirlos, se tornaba indispensable llenarse de recursos ilegítimos, innegablemente condenados por la simple observación de sus vecinos, amigos, familiares y compañeros de partido. Ahora bien, el relato de los capitales alcanzados nunca termina de convencer al club de observadores sensatos que saben la imposibilidad de adquirir tanto de manera legítima en tan poco tiempo.

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Creer que la importancia de auscultar el patrimonio de los políticos es estrictamente coyuntural y/o parte de una acción en tiempos de campaña no es decente. Desde el litoral opositor no se poseen las herramientas creíbles en materia de impugnación patrimonial porque de aquellos jóvenes que se desplazan en vehículos LADA no queda nada. Por el contrario, validaron en el poder la fatal tesis de que la fuerza del dinero se imponía de tal manera que, condujo a la candidatura presidencial en el año 2020, al exponente por excelencia de que lo pecuniario prevalecía como un valor fundamental en la política. El candidato del PRM puede no gustarle, impugne su gestión y vote a favor de cualquiera de las otras opciones.

Ahora bien, el patrimonio familiar producto del sector del cemento, el hotelero y una universidad privada están a la vista. De ahí, lo errático de un disparo en el tramo final de la campaña que, más que un intento de descalificación constituye un acto de incriminación al sector capaz de promover los alegatos de inhabilitación ética de la procedencia de los recursos económicos. ¿Pueden los beneficiarios de 16 años ininterrumpidos en el Gobierno alzar su voz en temas de transparencia y buen manejo de los recursos del Estado? ¿Acaso apuestan al olvido de la ciudadanía?