El presidente de la Mesa de la Opinión Cívica y Política Cristiana, Domingo Paulino Moya, advirtió hoy que si no se valora e incluye en la posible aprobación de la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas el derecho a ser elegido como establece la Constitución de la República, entonces no es razonable el consenso anunciado ayer por el dirigente reformista Ramón Rogelio Genao.
El reverendo tildó como lastimoso y preocupante que Genao felicite a la comisión bicameral que estudia el ante proyecto de Ley de Partidos sin que la referida comisión conozca la solicitud de la Mesa de la Opinión Cívica y Política, que pide una mejoría y adecuación a la Ley Electoral vigente en los artículos 76, 77 y 78, a fin de que un ciudadano de la República en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, pueda presentar por ante la junta central electoral una candidatura independiente a la presidencia de la República, sin la necesidad de militancia en un partido político.
Paulino Moya enfatizó que el beneficio de participación en un certamen electoral que a nivel congresual y municipal otorgan los diferentes artículos de la Ley Electoral vigente, deja solo a los que han logrado que los sectores más conscientes y civilistas de la nación dominicana hayan visto interesante el pedido de inclusión en la Ley de Partidos que se estudia unas aspiraciones que por demás, aparte de un derecho civil y constitucional, está consagrado en las exigencias políticas de los organismo que tutelan el respeto a los derechos cívicos universales establecidos, como la Corte Interamericana de los Derechos Humano , la Organización de las Naciones Unidas(ONU) entre otros.
El también presidente del Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna, insistió en la petición a la comisión especial que estudia dicha pieza legislativa, para que dé la oportunidad a una comisión de ciudadanos de esta entidad a ser oídos para de esta manera edificarlo en lo sustancial de la propuesta de mejoría electoral y política solicitada.
Sostuvo que es preocupante que se quiera quitar el derecho ciudadano a conocer los pormenores de una reforma tan importante como ésta, queriendo instalar un debate de si convienen o no las primarias abiertas o cerradas, cuando en realidad lo que se estaría pactando no es más que lo que conviene a los intereses de los grupos políticos más poderosos del país y no el sagrados .