El Ministerio de Defensa (MIDE), representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa de investigación e inteligencia privada, Aurix S. A. S, de José Ángel ‘Jochi’ Gómez Canaán, hicieron un acuerdo «oculto y de malas intenciones» en junio de 2020, según los señalamientos del Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción de la denominada operación Camaleón, con la que son encartados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y otros nueve, de supuestamente desviar más de 1,300 millones de pesos del erario.

El acuerdo supuestamente ilegal entre el MIDE y Aurix S. A. S., que duraría 12 meses y sobre el cual se desconoce el monto, hasta ahora, formó parte del «reiterado comportamiento» del empresario en querer controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional, según el órgano acusador.

«La firma de este acuerdo viola completamente las disposiciones contenidas en nuestra Constitución y la ley 139-13, al otorgar facultades y libertades, propias de instituciones castrenses y de inteligencia, a una empresa privada para un uso y abuso de información privilegiada y tratada como seguridad nacional, resultando en prácticas particulares del imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y sus actividades
ilícitas de manipulación, amenazas, chantajes y extorsión», dice la instrumentación.

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«De igual forma se pudo confirmar que esta empresa usurpaba las atribuciones de otras diligencias de investigación, como es el caso de la policía, llegando a realizar instalaciones de equipos de videovigilancia de forma ilegal, utilizando los logotipos de la Policía Nacional», añade el Ministerio Público, y acotó que no existía acuerdo entre la uniformada y la empresa.

«De igual forma, se pudo corroborar el uso de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y otros organismos de investigación», según la solicitud de medida de coerción. El órgano persecutor precisa que Jochi no participa como gerente de Aurix S. A. S, sin embargo, aparece como beneficiario final de la misma, y posee participación accionaria a través de las empresas Dekolor, OML Inversiones SRL y Aquanil Advisor.

El empresario está apresado a la espera de que se continúe este martes 8 de octubre el conocimiento de solicitud de medida de coerción, para quien el Ministerio Público pidió prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Respecto a Paulino Sem, se informó que será interrogado por los fiscales este lunes, pero no se dijo a qué hora se presentará.