Participación Ciudadana valoró las medidas de coerción a las 11 personas implicadas en el caso de corrupción “Antipulpo”, tras considerar que esta actuación del Ministerio Público y del sistema de justicia, significa una ruptura con muchas décadas de esa práctica y posterior impunidad.

Sonia Díaz, coordinadora general, cree que a partir de ahora los funcionarios públicos deberán ser más cuidadosos en sus actuaciones, pues tienen que saber que ya la población dominicana los está observando, no es la de antes, que la juventud está empoderada a través de los diferentes movimientos sociales y está exigiendo justicia.

Además que lo más importante es que el Ministerio Público ha comenzado actuar lo cual puede funcionar como elemento disuasivo a los funcionarios públicos en cuanto a las intenciones de cometer actos dolosos

“Desde el Ministerio Público se ha marcado el inicio del fin de la impunidad y no es que la corrupción se vaya a terminar porque es una cultura, de alguna manera. Lo que se tiene que terminar es la impunidad”, expresó Díaz.

Recordó que desde hace décadas de corrupción administrativa y funcionarios que se han enriquecido a costa del Estado sin que suceda nada.

“Envía un mensaje claro a los nuevos funcionarios de que si actúan al margen de la ley y cometen actos dolosos, serán enjuiciados”.

Díaz señaló que la justicia debe actual y la administración pública crear una cultura de integridad, legalidad y aplicación de la ley y que los funcionarios se apeguen a ella.

El juez José Alejandro Vargas envió a prisión preventiva por tres meses a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y a quien se le imputa ser la cabeza del entramado de corrupción.

Además fueron enviados Francisco Pagán y Aquiles Christopher Sánchez, funcionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa; Julián Esteban Suriel, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez.